A mediados de marzo, el Gobierno sacó definitivamente la muerte cruzada del escenario político. Y casi inmediatamente la reemplazó por una consulta popular que, según hizo saber, está armando. Las preguntas podrían contener temas de reforma política y judicial y de leyes que no han sido aprobadas. Esa consulta podría darse con la elección seccional en febrero-2023.

¿Consulta popular en vez de muerte cruzada? Parece evidente que ese canje es improcedente. La muerte cruzada mandaba a la casa a los asambleístas, cortaba de tajo algunas de las dinámicas políticas que asedian al Ejecutivo y abría una gran incógnita sobre el futuro político del país y del presidente. La consulta popular deja, en cambio, intocada la sociedad política, no altera el ‘statu quo’ y la incertidumbre solo concerniría la popularidad futura del presidente. En términos morochos, el presidente Lasso entregó su principal arma estratégica a cambio de nada.

La consulta no disipa, en efecto, los atolladeros del Gobierno. Puede, por el contrario, sumar uno más y convertirse en un plebiscito de diagnóstico reservado sobre el presidente. En ese sentido, la consulta popular puede ser más un factor de desgaste que una herramienta de gobernabilidad.

No es, entonces, el mejor caballo de batalla al que el Gobierno puede anotarse en este momento. Ha sido concebida como un salto al futuro, totalmente desconectada de las urgencias que los ciudadanos enumeran en las encuestas. No luce como una salida política y tampoco es un paliativo para un electorado deseoso de respuestas que, en casos estructurales como la falta de empleo formal, van a tardar.

Archivada la muerte cruzada y con una consulta que se haría en 10 meses, parece evidente que el Gobierno necesita otro recurso político de inmediata aplicación. Aún no se ve. El presidente Lasso dijo en agosto de 2021 que el Ejecutivo puede hacer 9 de cada 10 cosas sin contar con la Asamblea Nacional. Por supuesto necesita que esa Asamblea no complote y esa es la tarea encomendada a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Pero si debe operar en función de las expectativas apremiantes de la población, hay dos frentes que parecen innegociables: la lucha contra delincuencia y la reactivación económica.

En el primer caso, el presidente Lasso convocó este domingo, en Guayaquil, a los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura y a la Fiscal General de la Nación. La inseguridad y la violencia reclaman políticas de Estado. Y toda política de Estado necesita, entre otras condiciones, una visión, concertación entre instituciones, liderazgos claros, compromisos con fechas, presupuestos y resultados auditados y visibles para la nación. Nada de eso se puso sobre la mesa este domingo.

La reactivación económica exige una movilización similar. El impulso proveniente del sector privado es insuficiente, por el entorno político incierto, y necesita una participación más activa del Estado. El presidente habló de inyectar 500 millones de dólares en carreteras y ha anunciado otras medidas para fomentar el empleo, proteger los pequeños y medianos productores y apoyar la agricultura. Pero el país no sabe cuáles son los proyectos específicos en los que basa el Gobierno la reactivación, qué pone el Estado, qué resultados espera y cómo los hará efectivos en forma inmediata.

Sin muerte cruzada y con una consulta que mira hacia el futuro, el país sigue sin saber, en lo inmediato, cuáles son los acuerdos interinstitucionales para encarar la delincuencia. Y cuáles son los proyectos estrella que podrían permitir reactivar el empleo.