Así calificó el presidente de la República en su exposición pública a un grupo de asambleístas de oposición, manifestando que, para dar su voto de apoyo a la Ley de Atracción de Inversiones, hicieron al Gobierno peticiones que van desde exoneración del cobro de impuesto a la renta, solicitud de puestos públicos, manejo de hospitales y empresas eléctricas y hasta dinero en efectivo. Conceptualmente, declaraciones de tal nivel podrían generar la ruptura total entre el poder Ejecutivo y las bancadas de oposición, exceptuando al Partido Social Cristiano, que ha sido excluido de forma expresa de las acusaciones mencionadas.

Al momento de escribir la presente columna han existido diferentes reacciones de las partes. El presidente ha puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos mencionados, identificando a cinco legisladores y un asesor, entre los que está la asambleísta madre de la frase “roben bien”, que voló por el mundo en alas de la vergüenza. Igualmente, envió una comunicación al SRI para que inicie un proceso de fiscalización al jefe de un partido político para determinar las irregularidades del pago del impuesto a renta, del que aquel político habría pedido exoneración. Luego de la intervención de la Fiscalía y del SRI, se determinará la realidad de lo expuesto y se establecerán las debidas responsabilidades. De ser cierto lo indicado, también se explicarían tantos actos de corrupción y acusaciones de entrega de hospitales y empresas públicas en gobiernos anteriores.

No recuerdo que en la historia política ecuatoriana un presidente haya denunciado esta clase de hechos señalando los nombres de los involucrados. Estimo que el presidente debe tener las pruebas suficientes que sustenten sus acusaciones y si es así, quedará claro ante el país, que el principal objetivo de dichos políticos no es el bienestar de la patria sino el mantenimiento de un doble discurso que en el fondo lo que busca es la satisfacción de sus intereses personales, alcanzar la impunidad, como en el caso de las amnistías, y lograr un enriquecimiento ilícito.

Es hora de tomar medidas definitivas, el país no puede seguir revolcándose en el fango de la corrupción absoluta.