La violencia es compleja y multifactorial, consecuencia de un proceso histórico; no puede ser imputada a un gobierno sino que es el compendio de múltiples administraciones del Estado, aunque no se puede desconocer los errores e incapacidades de algunos regímenes. Por ello la violencia es definida como una relación social. Coincidimos con Michael Ignatieff cuando señala que “la lección complicada de aprender es que el pasado nunca acaba. No termina, porque en algún momento se convierte en el campo de batalla en el que se pelea el presente”. Es lo que nos sucede en esta coyuntura con la guerra contra el crimen y la delincuencia declarada por el banquero presidente del Opus Dei, al imitar a sus referentes políticos colombianos Pastrana y Uribe, solicitando un “plan Ecuador” al gobierno Biden; esperemos sea sin ninguna versión de falsos positivos.

Las violencias provocadas cotidianamente por el crimen organizado a través del narcotráfico y la delincuencia callejera, por los robos y asaltos, están produciendo un miedo creciente en la sociedad, que bloquea mentalmente y torna en más individualista al ciudadano, al conllevar a una situación de terror colectivo debido a que los delincuentes actúan sin precaución, miedo o vergüenza para la comisión de sus fechorías, provocando crecientes cifras de asesinatos, incluso con graves consecuencias colaterales, que destacan la pérdida total de respeto a la autoridad militar-policial, a la sociedad en la que viven, al Estado y hasta a la vida misma (no tienen nada que perder). Todo esto ha hecho que la inseguridad, manifiesta y creciente, se convierta en un grave problema de la convivencia democrática y que hace aparecer a esta como una “democracia sitiada”. No solo la pobreza, desigualdades, tráfico y consumo de drogas, desempleo juvenil, presencia de cárteles transnacionales, precarización del trabajo e intermitencia laboral, entre otros, son factores criminógenos, sino también la existencia de un Estado fallido que prioriza el pago a los bonistas por sobre la miserable situación de su población, a lo que se agregan una corrupta administración de justicia y fuerza pública, con cárceles hacinadas para los de poncho.