Columnas

Desinstitucionalización y corrupción

"El Estado se deslegitimaba al desinstitucionalizarse"

La corrupción es un flagelo que carcome al Estado y la sociedad desde el inicio de la República. Con ello no sostenemos que no hubiera habido corrupción durante el período colonial, hechos que han sido presentados por nuestros cronistas e historiadores. Por temporalidad y restricción de espacio solamente nos limitaremos a la contemporaneidad. Desde que retornamos al régimen constitucional, en estas cuatro décadas, se ha producido a nivel del Estado una situación de reemplazo permanente en la lucha contra la corrupción, que se redimensionó con la renta petrolera; si fallaba un ente de control, inmediatamente se creaba, desde el Congreso o el Ejecutivo, otra instancia para enfrentarla, como se puede observar desde la Constitución de 1979. Nunca ha habido un estudio serio, peor la decisión política, para identificar los cuellos de botellas que ayuden a destrabar los mecanismos de control, sanción y recuperación de los dineros estatales, que existen en los marcos legales. El Estado se deslegitimaba al desinstitucionalizarse.

El presidente decidió suprimir la Secretaría Anticorrupción, por pedido de la fiscal general, procurador, contralor, Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, después de 18 meses de creada; es el enésimo ente que ha desaparecido en estas 4 décadas de “democracia esquiva”. Esta situación permite estas reflexiones: 

  1. La debilidad de nuestras instancias institucionales de control social en la lucha contra la corrupción estatal y privada, provocada por diferentes gobiernos y motivos, que no han sido adecuadamente estudiados y evaluados. 
  2.  La existencia de vacíos legales ante situaciones de catástrofes naturales o urgencias sanitarias, como la actual pandemia del COVID-19
  3. Los organismos de control y sanción deben recuperar todas las facultades que tenían para luchar contra la corrupción que les fueron quitadas. Finalmente, la participación ciudadana efectiva, a través de veedurías y contralorías sociales institucionalizadas, debe supervisar el funcionamiento y desempeño de los mecanismos de control social, ya que garantizan el fiel cometido de estos, como su ética y transparencia.