La violencia criminal desmedida impulsada por el narcotráfico global con apoyo de bandas delincuenciales, nacionales y locales, saturó al Estado, por un lado, y, por otra parte, a la sociedad en su conjunto, hastiada de tantos muertos, miedo e inseguridad cotidiana. El nuevo gobierno de Noboa armó de manera paulatina y en menos de un mes el Plan Fénix, basado en un acuerdo político que garantice la gobernanza democrática y cambios legales, la depuración de la fuerza pública -guillotinó a la alta oficialidad sospechosa de la PP. NN. y FF. AA.-; logró un acuerdo con la AN para lograr indultos de miembros de la fuerza pública y diseñó planes operacionales para las diferentes localidades, desde las más violentas como Esmeraldas, Durán y Guayaquil, hasta aquellas que se pudieran contaminar; y se promulgaron los DE 110 y 111 de estado de excepción y toque de queda, y estado de guerra interna, declarando objetivos militar el eliminar a 22 bandas delincuenciales. Todo ello ha merecido el aplauso sonoro y el apoyo irrestricto del pueblo ecuatoriano. Las resoluciones gubernamentales han afectado significativamente a la narco-exportación, por el traslado al puerto de Posorja de la más grande naviera transnacional, la militarización de puertos y fronteras; por la inseguridad creciente para estas actividades ilícitas se escapó de la cárcel de Guayaquil alias Fito, líder de la banda Los choneros. Además, destacamos la postura sesuda del gobierno de no negociar con delincuentes, solo acepta la entrega de las armas y de ellos. En este escenario es necesaria la mayor cohesión de la sociedad, Estado y agentes económicos, unidos como un puño para golpear y liquidar a la delincuencia mafiosa. Buscar el apoyo de la cooperación internacional para ganar esta guerra al crimen organizado transnacional, lo cual provocará nuevas lecciones a tenerse en cuenta. Frente a la penuria fiscal, se debe acordar con el FMI el cese temporal del pago de deuda externa; y los grandes grupos económicos identificados por el SRI cooperar con el Estado para apoyar en el financiamiento de esta guerra interna; luego se buscará un mecanismo de compensación. La prioridad ahora es la recuperación de las prisiones por el Estado.