El asilo político es una antigua institución en la región, cuyo desarrollo se debe en gran parte a factores extrajurídicos. Se sustenta doctrinariamente en la tesis del liberalismo de valorar la libertad como principio superior sobre cualesquiera otras causas. Este derecho corresponde a los Estados, no a los asilados, por ello es responsabilidad compartida entre Estados implicados, y las divergencias políticas deben tratarse con más diplomacia, nunca justificar la inobservancia del derecho internacional, principalmente para aclarar decisiones del Estado asilante por alguna resolución controvertida, o la judicialización de la política en el del asilado; con las infracciones penales hay hechos políticos que se mezclan y que solo el Estado asilante puede calificarlos, incluso si la persona es no elegible lo procedente es negociar o litigar, implicando al derecho internacional. Los comportamientos errados de los gobiernos litigantes demuestran que cada mal paso puede conducir a otro peor, como ha sucedido por las conductas termocéfalas de ambos regímenes al irrespetar la inviolabilidad de una embajada, desconocer las normas de asilo y llegar a la ruptura de relaciones. Esta situación es imputable a la polarización política en la región, y a problemas internos de los países implicados y la debilidad de sus cancillerías por problemas institucionales.

Un caso histórico: en 1948 en Perú el Gral. Manuel Odría se declaró dictador e inició una persecución a miembros del partido APRA, en particular al líder Víctor Raúl Haya de la Torre, quien se refugió en la legación de Colombia; el gobierno colombiano presidido por el conservador Mariano Ospina Pérez le otorgó asilo político y solicitó el salvoconducto al peruano, pero este argumentó que Haya no era perseguido político sino un criminal común, por lo que no podía beneficiarse. Sus prestigiosas cancillerías comenzaron a negociar hasta acordar llevar este asunto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que resuelva en derecho. Tras 63 meses, la CIJ resolvió a favor del Estado colombiano. Este caso es un antecedente de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954.