En Economía los precios son siempre relativos, esto es, están relacionados - “comparados a, o a qué”- entre sí. La noción de relatividad en los precios nos permite evaluar entre productos o factores de producción. Los precios libres nunca son estáticos pero pueden ser distorsionados o fijados (ej. el precio de los combustibles) por la autoridad para lograr determinados objetivos de política económica. 

El análisis de los precios relativos es, igualmente, aplicable al estudio de la distribución del empleo entre sectores. Dejando de lado los temas de la corrupción, si el sueldo promedio de un servidor público es de $ 1.600 mensuales y otorga poder de autoridad y generosas prebendas, siempre será este preferible a la alternativa de tener un empleo en el sector privado donde la estructura salarial se asienta sobre una base de $ 560 mensuales (incluidos los beneficios). Los diferenciales de remuneraciones -en promedio dos a uno- pagados por trabajos de similar calificación constituyen una motivación poderosa en una economía de pobre absorción laboral para inflar la demanda de empleo dentro del gobierno. El crecimiento exponencial de la burocracia pone en evidencia que los precios relativos están distorsionados y lo continuarán estando en la medida que perdure el modelo actual de organización gubernamental. 

Hay factores adicionales que tomar en cuenta. Casi el 40 % de los empleados enrolados en el Presupuesto General del Estado tienen régimen “informal”, ya sea por contar con nombramientos temporales o por ser contratistas a plazo fijo. La puja por resolver esta situación y entrar a la formalidad constituye una de las razones por las cuales los gobiernos de turno siempre tienen problemas en racionalizar la estructura administrativa, amarrados como están a los compromisos políticos heredados de las promesas de campaña. Los empleados públicos son poderosos, pueden conseguir órdenes de la Corte y resoluciones de la Legislatura para que sus haberes sean pagados puntualmente, pues, al fin y al cabo, tanto jueces como legisladores también reciben su paga de la misma fuente. El sistema está amarrado al punto de argumentar que la pérdida de empleos públicos es un problema social, mientras que el desempleo privado se lo discute en el ámbito de las estadísticas.

Tales distorsiones son mucho menores cuando existe flexibilidad laboral y disciplina fiscal, pues, en la medida en que las remuneraciones del factor trabajo reflejan su productividad, los sueldos tienden a igualarse. El centralismo se sustenta en la cartelización del mercado laboral, pero se trata de un cartel en estado de sitio que, al no poder hacer recortes en los sueldos, tendrá que reducir su fuerza laboral. En definitiva, la violación a la relación natural de los precios del factor trabajo es insustentable: primero, porque no se puede mantener una planilla laboral que representa una tercera parte del presupuesto; segundo, porque la dolarización no permite el ajuste consistente en inflar (y desvalorizar al mismo tiempo) los precios relativos del factor trabajo; y, finalmente, porque nos ha dejado atrapados en un Estado insolvente y disfuncional.