Siempre he sostenido que el primer paso para curar un mal es aceptar que existe.

Frente a la evidencia cotidiana no podemos mirar para otro lado. Una gran crisis económica está cursando con una creciente crisis ética, atravesada por la pandemia del coronavirus, que es la única que se está combatiendo con éxito.

A la crisis económica ha comenzado a enfrentársela. No hay mayores medidas alternativas salvo la austeridad en el gasto público, el control de la calidad del mismo y crear un clima que genere confianza a los capitales internos para que se inviertan creando empleo; e incentivos para los mismos fines a los que puedan provenir de afuera.

En cuanto a la crisis ética se cuenta con un código de comportamiento pero no basta. Pareciera que desde el Gobierno y desde los ciudadanos no se tiene una noción clara de su magnitud.

La corrupción no terminó cuando se fugó Correa y se acabó su gobierno. Sus rezagos y otras manifestaciones nuevas fueron claramente visibles durante la administración de Moreno.

¿Cómo no iban a darse si las autoridades de control eran las mismas y estaban podridas?

Los cuatro años pasaron volando de escándalo en escándalo y surgió la esperanza de que con el cambio de gobierno terminaría la corrupción. El hecho es que no. Siguen negociándose los hospitales como moneda de cambio para efectos de la acción política. Los legisladores, burlando a la ley con certeza de impunidad, siguen palanqueando cargos públicos. O desvaneciendo glosas. Tenemos un buen número de autoridades seccionales con grillete y otras más deben merecerlos. Las cárceles son muestra viva de como la corrupción permite que aparezcan armas de grueso calibre en cada revisión. Queda claro que se continúan vendiendo cargos públicos y no sigo para no deprimirme con el inventario.

Lo cierto es que cuando estamos cumpliendo los cien días de la Función Legislativa y están cerca los cien de la Función Ejecutiva, la corrupción sigue viva.

Tengo claro que combatirla es un asunto de todos. Aunque solo fuese por su valor simbólico debería suscribirse un acuerdo nacional anticorrupción con amplia participación ciudadana.