Columnas

Regreso al Ciadi

Basta la firma del presidente de la República

El régimen mexicano del presidente López Obrador plantea, para finiquitar el acuerdo con Ecuador (lo que a su vez abre la puerta para entrar a la Alianza del Pacífico), que seamos parte del convenio Ciadi. Este crea un centro administrador de arbitrajes para resolver disputas que surjan de inversiones hechas en un Estado (miembro del Ciadi) por el nacional de otro Estado (también miembro del Ciadi).

El Ecuador ya fue miembro del Ciadi. Se retiró en 2009 con el argumento de que el art. 422 de la Constitución le impedía permanecer.

El argumento es falso. El art. 422 impide que en un tratado se acuerde arbitrar controversias contractuales o comerciales con personas privadas. El convenio Ciadi, por sí mismo, no obliga a arbitrar nada, al punto que su preámbulo dice que “la mera ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye una obligación de someter ninguna diferencia determinada a... ...arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado”.

Pero además las disputas sometidas a arbitraje del Ciadi generalmente no son “comerciales o contractuales”. Y solo a esas se refiere el art. 422. Las controversias con inversores suelen versar sobre la alegada violación de obligaciones de derecho internacional público que en otros instrumentos (tratados de protección de inversiones, distintos al convenio Ciadi) adquiere el Estado, como no expropiar sin compensación pronta y justa, etc. Coincide con esta postura el doctor Íñigo Salvador, hoy procurador del Estado, quien antes de serlo, en artículo publicado en 2010, dijo: “mantenerse en el Ciadi no contraviene el artículo 422” (Revista ecuatoriana de arbitraje, número 2, p.124).

Como el mero regreso al Ciadi no implica, por sí mismo, atribuir competencia a los tribunales arbitrales que se forman bajo su auspicio, no se necesita ratificación legislativa (la Constitución la exige solo cuando un tratado ya atribuye competencias internas a organismos internacionales o supranacionales). Basta la firma del presidente de la República.