Columnas

¿“Principal” con 6 %?

"Pisoteando no solo la lógica sino hasta el idioma, de un plumazo se convirtió en “principales” a quienes por definición suelen ser minoritarios"

La reforma constitucional de julio de 2011 amplió el antiguo impedimento para que los bancos sean dueños de negocios no financieros (art. 312). Lo extendió a su “principales accionistas”. Pero no solo. También incluyó, como (nueva) prohibición, que los principales accionistas de las empresas privadas de comunicación nacionales, queden vedados de participar, directa o indirectamente, “en empresas ajenas a la actividad comunicacional”.

Dichas restricciones, a más de absurdas (pues reducen el universo de quienes pueden invertir en esas actividades, y en el caso de los medios tenían el claro objetivo de asfixiarlos financieramente), restringen un derecho fundamental reconocido en la propia Constitución, el de la no discriminación, cuestión que ni por reforma constitucional puede hacerse, por ser regresivo de derechos (Constitución, arts. 11, 4º, y 84).

El asunto, sin embargo, no quedó ahí. Fue empeorado en octubre de 2011 cuando, aprovechando que estaba tramitándose la ley antimonopolios, se metió ahí dos normas que irracionalmente definen que, “principales accionistas” de instituciones financieras privadas y de empresas privadas de comunicación de carácter nacional, son quienes tienen el 6 % o más del paquete accionario (disposiciones reformatorias 22ª, 5º, y 23ª).

Así como se lee. Pisoteando no solo la lógica sino hasta el idioma, de un plumazo se convirtió en “principales” a quienes por definición suelen ser minoritarios. De esa forma, por ejemplo, en un banco o medio de comunicación pudiera haber hasta 16 accionistas dizque “principales”, no obstante que cada uno actúe por su lado. O peor, sería también “principal” quien -para no hablar siquiera del 6 %- teniendo, digamos, el 30 %, sea hostil a la mayoría que controle la compañía con el 70 % restante. Esto es muy común.

Muchos ejemplos más puede darse sobre el antedicho esperpento. Pero -hasta que por consulta popular o declaratoria de inconstitucionalidad caiga la reforma “constitucional” de 2011 (que complica la venta del Banco del Pacífico)- al menos hay que volarse ese adefesio del 6 %.