No hay acuerdo de paz, ese estado está muy lejos de existir en nuestro país. Lo que hubo fue un acuerdo coyuntural de alto costo con dirigentes sociales. Todos perdimos, no hubo ganadores, solo grandes lecciones.

Si el Gobierno se hubiera sentado a dialogar y hubiera sido más conciliador en los primeros días de la protesta, frente a las demandas de los grupos alzados, quizás hoy no lamentaríamos las muertes, pérdidas económicas, la destrucción y la violencia provocadas por el caos exacerbado de anarquistas infiltrados durante el estallido social.

Es evidente la falta de sensibilidad del Gobierno para el cumplimiento de los deberes primordiales del Estado, como lo son el garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de nuestros derechos, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, la paz, la justicia social; sin embargo, no podemos responsabilizar al gobernante de turno por todas las desatenciones arrastradas por décadas, pero sí es el responsable directo de no haber escuchado a su pueblo oportunamente y poner en marcha un programa de atención a sus justos clamores.

El gran perdedor del conflicto fue el país, con un gobierno debilitado, que por un pelo se salvó de ser destituido por la Asamblea, gracias al voto de las bancadas que asumieron que era mejor quedarse con un malo conocido que con otro por conocer.

El Ecuador queda con una herida social que urge aliviar, para que no vuelvan las crisis sociales que son aprovechadas por los oportunistas de siempre. Es hora de mirar al pueblo y atender las legítimas y justas demandas.

Es necesario que el Ejecutivo, luego de este sacudón social, entregue a su pueblo una muestra de cambio mediante una agenda enfocada hacia lo social, rectificando políticas públicas e invirtiendo el dinero del pueblo en el pueblo.

Al Ejecutivo le urge un cambio de figuras en su gabinete, que contribuyan a conseguir esa agenda que subyugue la inequidad y lo oriente de manera adecuada hacia la consecución de la justicia social.