Corrupción ‘ad honorem’
Todos deben de ser funcionarios públicos para que, sin prerrogativas, respondan ante las autoridades y el país
Las consejerías ad honorem que el presidente de la República ha implementado son un arma de doble filo. Estos ciudadanos sienten que no le deben nada al Estado por no estar en relación de dependencia directa con el Ejecutivo y, de esa manera, sortean una serie de filtros y controles que los mantendrían más atentos y cuidadosos sobre sus actuaciones dentro del sector público.
Quienes ostentan estas peculiares nominaciones saben que, por ser honoríficos, no tienen la calidad de servidores públicos y por lo tanto no tienen ninguna obligación estatutaria frente a los organismos de control administrativos, ni están sujetos al escrutinio de la Asamblea Nacional dentro de su tarea fiscalizadora.
No se sienten en la obligación de rendir cuentas y, como prueba, tenemos lo ocurrido recientemente: un ex asesor ad honorem del presidente ‘mandó a pastar’ al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ante su convocatoria para que responda y explique por los actos de corrupción en la venta de puestos de la aduana, donde existen indicios de negociados en la asignación de cargos públicos en este sector particularmente estratégico para el Estado.
Es justamente mediante el tráfico de influencias que los ad honorem sin sueldo podrían encontrar la oportunidad de aprovecharse de esa cuota de poder asignada, para convertirse en una suerte de poder detrás del poder, sin las limitaciones, control y responsabilidades de un funcionario público.
Existe una máxima: en derecho público únicamente se puede hacer lo que está permitido en la ley; ergo, si no está contemplado este novelero invento de los asesores ‘ad honorem’, el presidente debe desaparecerlos en honor a su discurso de no permitir la corrupción ni el tráfico de influencias al interior de su Gobierno.
Los que quieren servir al Estado deben hacerlo de conformidad con la ley, sin privilegios ni impunidad. No más alcahuetería para las travesuras de los ‘amigos’ ad honorem. Todos deben de ser funcionarios públicos para que, sin prerrogativas, respondan ante las autoridades y el país.