Por cuarta vez el puente que une Guayaquil con la isla Santay fue impactado por una nave. Pasó en 2017 y dos veces más en 2018, demandando millones su reconstrucción. Esta vez no se rompió. Con 860 m de longitud e inaugurado en 2014, su costo fue $ 15’668.625. Este y todo otro puente que se instale en el lecho del río antes de su desembocadura en el golfo, despojará a ciudad de parte de su ser: Guayaquil es puerto fluvial, no solo marítimo. Hacerlo equivaldrá a clausurar el puerto fluvial de Guayaquil, a cortarle la pierna a un atleta. Despojará a la ciudad de su ser portuario e inutilizará al río. No sería razonable reconstruirlo para la isla Santay, debe ser desarmado e íntegramente retirado. Incurriría en inconsecuencia y ceguera la autoridad que construya otro puente allí, o de hormigón en cualquier parte, clavado en el lecho del río. El Puente de la Unidad Nacional fue construido por el Comité de Vialidad del Guayas, que financió sus estudios y construcción, y que, asesorado, descartó realizarlo en un solo tramo entre Guayaquil y Durán, o construirlo entre Puerto Marítimo y la red de carreteras a la sierra, atendiendo solo a la velocidad del transporte de mercaderías. Procede que el Consejo Provincial del Guayas contrate previa licitación internacional los estudios que determinen si será suficiente ampliar la vía Perimetral de Guayaquil y, de ser indispensable, la construcción de un puente colgante sobre el río desde Puerto Marítimo. Es un escándalo invertir $ 20 millones en reparar un puente cada 4 años.

Jaime Damerval