Cartas de lectores

¡Indignante!

El defensor del Pueblo es ofensor de los derechos humanos y encubridor de todos los delitos cometidos en esos días, como la destrucción de bienes públicos...

Es el texto del informe del defensor del Pueblo respecto al fallido golpe de Estado de los correístas en octubre de 2019, cuyas acciones delictivas se vieron con lujo de detalles en la televisión de todo el mundo y de Ecuador. Quedarán en nuestra retina la arrogancia y cobardía de los dirigentes indígenas Vargas e Iza, ofendiendo la dignidad de policías y soldados secuestrados. El defensor del Pueblo es ofensor de los derechos humanos y encubridor de todos los delitos cometidos en esos días, como la destrucción de bienes públicos, el incendio y destrucción del edificio de la Contraloría y los archivos que en ella reposaban. Estos actos no pueden quedar en la impunidad. Indignante fue la resolución de la desacreditada Asamblea sobre el pedido de referéndum que planteó la ciudadanía para decidir, entre otras cosas, la extinción del Cpccs. La Asamblea no tiene facultad alguna para ese tipo de pronunciamiento; lo lograron en forma ilegal e inconstitucional uniéndose todos los correístas de la Asamblea, que huelen o presagian que a lo mejor en un par de meses la mesa de inmundicias podrá estar servida nuevamente para ellos. Indignante fue la noticia de que la Ab. Pamela Martínez, una de las principales figuras de la corrupción correísta pretenda demandar al Estado por su destitución como jueza de la Corte Constitucional y la indemnización por daño a su integridad moral. Indignante es que el Sr. Arauz tenga la audacia de decir en su campaña política que si gana hará realidad la refinería del Pacífico, una de las joyas de la corona del gobierno de Correa que no llegaron a concretar, mencionando que se la financiaría con un país asiático. En este ofrecimiento, por lo menos, ha sido honesto y coherente. Se ve que su mentor y principal asesor quiere comerse ese pastel del que solo llegó a engullir $1.500 millones. Indignante es saber que hasta la fecha no hay sanciones para los miles de beneficiados de carnés de discapacitados, y de quienes dolosamente han obtenido la condición de jubilados produciendo millonario perjuicio al erario nacional.

Jorge Luis Rojas