Cartas de lectores | Crónica guayaquileña. Vacunas: un virus que se extiende

¿La prisión de Fito reducirá la extorsión conocida como vacuna?

Los medios de comunicación, redes sociales, grupos de WhatsApp, y conversaciones en buses, mercados y tiendas de Guayaquil se centraron en la captura de José Adolfo Macías, alias Fito, ocurrida en Montecristi, Manabí, el miércoles 25 de junio de 2025, y su posterior traslado a la cárcel de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil. Se difundieron imágenes del escondite, del operativo y de Fito junto a los ministros de Defensa e Interior, mostrando que la ley prevalecía sobre la ilegalidad. Las reacciones fueron variadas, con memes hilarantes u ofensivos, y el tema se volvió tendencia, alcanzando su punto más alto cuando el presidente atribuyó el éxito, entre otros factores, a las nuevas leyes contra el crimen organizado y a la necesidad de su extradición a EE.UU.

En ciertos sectores sociales, la captura fue vista como un alivio, aunque luego surgieron rumores de acuerdos y conversaciones previas, que fueron desmentidos. Expertos en seguridad señalaron que los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) actúan rápidamente para sustituir a sus líderes, generando conflictos por el control de territorios y actividades ilícitas. ¿La prisión de Fito reducirá la extorsión conocida como vacuna? En sectores marginales de Guayaquil, muchos negocios, incluso formales, pagan vacunas para operar, y quienes se niegan sufren atentados contra sus propiedades o vidas. Este mal se ha expandido, incluyendo el sector de la Bahía.

El jueves 26 de junio, en la Dulcería La Palma del centro se informó que cerrarían a las 18h00 por amenazas. El lunes 30 de junio, empleados comentaron que un local de ropa en la calle Boyacá también fue amenazado y cerraría a las 17h00. No se puede hablar de triunfos ni de mejoras mientras negocios, tanto formales como informales, sigan bajo amenaza. Esto es una guerra, y debe enfrentarse con todas las herramientas legales, psicológicas y con el uso legítimo de la fuerza pública. Las autoridades están obligadas a definir estrategias para combatir este virus que amenaza la seguridad, el empleo, la economía y la libertad.

La ciudadanía debe apoyar estas acciones, denunciando amenazas, compartiendo información, colaborando entre patronos, empleados y vecinos, y ocupando el espacio público. Mientras tanto, autoridades locales y nacionales deben trabajar coordinadamente, y la academia, junto a los expertos, aportar propuestas que fortalezcan esta lucha contra el enemigo común.

Ricardo Nieto Gómez