Cartas de lectores | Por una mejor dirección del Consejo de la Judicatura
Ojalá que ni el Gobierno, ni la Asamblea, ni los partidos y movimientos políticos distorsionen los procedimientos
He seguido con atención periodística la situación presentada en el Consejo de la Judicatura, presidido por el Dr. Mario Godoy, a propósito de la renuncia del Dr. Carlos Serrano como juez Anticorrupción, motivada por malhadadas presiones en el ejercicio de su cargo, lo que lo ha llevado al exilio en defensa de su honradez profesional y de su propia vida.
Como bien lo ha expresado el Dr. Felipe Rodríguez Moreno, columnista del diario digital Primicias, cada ciudadano es responsable de sus actos, responsabilidad que se incrementa cuando se ejerce la máxima autoridad de una institución del Estado como el Consejo de la Judicatura.
El jefe de Estado y la ciudadanía en general han dejado traslucir su malestar por lo ocurrido en una entidad que debe velar por el irrestricto cumplimiento de las normas jurídicas vigentes. Actuar en sentido contrario implicaría aceptar prácticas que el tejido social rechaza por improcedentes y contradictorias, afectando la transparencia que debe primar en el accionar de los funcionarios judiciales, llamados a defender la ley sin cortapisas ni acuerdos de trastienda.
Por sucesión legal y reglamentaria, correspondería asumir la presidencia de la Judicatura -en caso de renuncia del actual titular o de una eventual destitución- a la doctora en Jurisprudencia Alexandra Villacís Parada, profesional del Derecho con una amplia trayectoria en instituciones públicas y privadas, sin haberse visto involucrada en hechos negativos ni transgresiones a las normas jurídicas.
Como ha manifestado la propia Dra. Villacís, vicepresidenta subrogante por ausencia del titular, no goza de favores políticos, condición que debería ser indispensable para el ejercicio de cargos públicos de primer nivel, pues es precisamente en el ámbito político donde se gestan los acuerdos más perjudiciales para las instituciones del Estado.
Ojalá que ni el Gobierno, ni la Asamblea, ni los partidos y movimientos políticos distorsionen los procedimientos de ley, y que el Consejo de la Judicatura, bajo la conducción de una profesional del Derecho formada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, recupere la respetabilidad y honorabilidad que deben primar en un organismo de primer nivel, respondiendo así al anhelo de justicia de la ciudadanía.
Francisco Medina Manrique