Cartas de lectores | Autorización judicial
Estos profesionales suponen un ‘saber hacer’ basado en la confidencialidad
Algunos artículos de la Ley Orgánica de Inteligencia han recibido críticas de juristas y actores de la sociedad civil por no cumplir con estándares internacionales de derechos humanos. Se destacan aquellos que vulneran derechos como la intimidad personal y familiar, la protección de datos, la inviolabilidad de la correspondencia y el uso confidencial del ciberespacio, todo sin necesidad de autorización judicial. Se obliga a personas y organizaciones a entregar información sin garantías ni orden judicial, impidiendo que el ciudadano conozca, cuestione o impugne esa solicitud.
Cuando se reemplaza la libertad por la seguridad no se logra ni una ni otra. El Estado democrático requiere que la ciudadanía controle los excesos del poder. Que el Ejecutivo desconfíe del Poder Judicial ante un “conflicto armado interno” no justifica ignorarlo.
Esta vulneración eliminaría la confidencialidad en varias profesiones: abogados informarían sobre sus clientes, médicos entregarían historias clínicas, periodistas revelarían sus fuentes, y los profesionales del campo ‘psi’ tendrían que divulgar lo dicho por sus pacientes, además de quebrantar la privacidad de la correspondencia y el ciberespacio.
Estos profesionales suponen un ‘saber hacer’ basado en la confidencialidad. Si esta se elimina, se resquebraja la confianza en ellos y en el Estado democrático, creando condiciones para su desaparición y llevándonos al abismo de lo peor.
Juan de Althaus Guarderas