Sinohydro: El fiscal Alarcón enterró su propio caso

Se puede decir que el caso Sinohydro nació muerto (de eso hace tres años) y que el fiscal Carlos Alarcón lo terminó de enterrar en los últimos dos meses en la audiencia de juicio que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia.

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El cargo de cohecho que pesaba sobre todos los procesados (20 llegaron a la etapa de juicio) nunca dejó de ser una hipótesis que nadie se molestó en demostrar y que el fiscal Alarcón prefirió sortear mediante una serie de atrocidades jurídicas: acusaciones colectivas, acusaciones selectivas, derecho penal de autor (así se llama la práctica de llevar a alguien a juicio no por lo que hizo sino por ser quien es), reformulación de los cargos de un día para el otro… 

Hasta el final, en su alegato de clausura, el fiscal trató de sorprender con un nuevo tipo penal que no había mencionado nunca antes y que… ¡ni siquiera consta en el código penal ecuatoriano!

Los hechos son los siguientes: la gigante estatal china Sinohydro contrata a Recorsa, la empresa de Conto Patiño cuyos accionistas son él, su esposa y sus hijos, para que la asesore y represente durante los procesos de licitación, precontractual y contractual del proyecto de construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, un negocio de 1.900 millones de dólares. 

A cambios de sus servicios, Sinohydro paga a Recorsa el 4 por ciento del valor total del contrato: 76 millones. Se supone (porque en eso consiste la teoría del cohecho) que con ese dinero, a través de una serie de intermediarios, Recorsa sobornó a los funcionarios de quienes dependía la adjudicación para obtener el contrato. 

Con ese fin, dice el fiscal, se diseñó y ejecutó una compleja estructura bajo la apariencia de legalidad de la cual participaron todos los procesados desde el momento en que se abrió la licitación.

La ruta de dinero

Es decir que Sinohydro cohechó a Recorsa, lo cual es completamente absurdo porque no existe cohecho entre privados. Este tipo penal se configura exclusivamente con la participación de un funcionario público: consiste en entregar una dádiva a un funcionario a cambio de obtener de él una gestión relacionada con sus funciones. 

Aquí es donde todo se desmorona: en lugar de seguir la ruta del dinero hasta dar con el funcionario y demostrar documentadamente qué papel jugó ese funcionario en la adjudicación del contrato, los peritajes contables de la Fiscalía se quedan en medio camino.

A Fiscalía le basta con saber que una parte de esa plata llegó, por ejemplo, a los hijos de Conto Patiño (Juan Carlos, Patricia y Manuel Ignacio), para involucrarlos en la red de repartición de sobornos incluso sin ninguna prueba de que ellos hayan entregado un centavo a funcionario alguno. 

O que ese dinero sirviera para contratar a Irina Moreno, la hija del exvicepresidente, para que pintara unos cuadros familiares. O para comprar cien agendas a Rocío González, su esposa, que las confeccionaba: 1.500 dólares. Ahí está el contrato, ahí está el acta de entrega y recepción, ahí están las agendas… 

No importa: Rocío González debe ir presa por cómplice de cohecho. 13 procesados fueron acusados de complicidad y de ninguno de ellos pudo demostrar la Fiscalía (pero es que ni siquiera se molestó en intentarlo) que pagaron algo a un funcionario cualquiera, no se diga ya a uno relacionado con el proceso de licitación y contratación de Sinohydro. 

La complicidad dudosa

Edwin Moreno, hermano de Lenín, recibe alrededor de 150 mil dólares en varios cheques de las empresas de Xavier Macías, yerno de Conto Patiño. Él dice que son devoluciones de una inversión previa en un negocio fallido. 

El caso es que Edwin cobra esos cheques de una manera ciertamente sospechosa: invita a fulanito y sutanito para que vayan a pasar un fin de semana en Panamá, hagan compras, se diviertan y, ya que van a estar allá, se den un salto por el Balboa Bank y le “den haciendo” el retiro. 

Entre esas personas a las que pide ese favor se encuentra su otro hermano, Guillermo, sólo que a Guillermo ni se molesta en invitarlo a Panamá. 

Guillermo cobra el cheque de Edwin en Tena, donde vive, y termina acusado de cómplice de cohecho. ¿cómplice de quién? De Guillermo, se sobreentiende. Pero Guillermo es otro cómplice. ¿De Xavier Macías? Así parece. 

Y Macías, ¿no es también cómplice? ¿De su suegro Conto, ese sí acusado de autor de cohecho? Así que Guillermo, por cobrar un cheque, termina siendo acusado de cómplice del cómplice del cómplice. 

Grupal y selectivo

¿Por qué Guillermo Moreno fue acusado y los demás no, si todos son responsables de las mismas acciones? La respuesta es evidente: Guillermo Moreno fue acusado por ser hermano del exvicepresidente.

He aquí el detalle más aberrante de este caso: la acusación es grupal y selectiva. La Fiscalía, asumiendo que los 76 millones de dólares recibidos de Sinohydro en las cuentas de Recorsa son sobornos (lo cual es una falsedad de origen), sigue la ruta del dinero y levanta cargo de cohecho a todos los beneficiarios. 

¿A todos? No. Entre los beneficiarios hay una multitud de sacerdotes, obispos, congregaciones religiosas y fundaciones a quienes la Fiscalía decidió dejar fuera desde el primer día. Se limitó a acusar a los integrantes por su adscripción grupal: los Patiño, los Moreno, los “amigos de Coca Codo Sinclair”… 

A todos ellos los hace responsables de participar en una trama que tenía por objeto obtener la adjudicación ilegítima de Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica. No importa lo que hayan hecho o dejado de hacer: los procesados de este caso lo son por su adscripción a un grupo.

Pero hay un problema adicional con la atribución de complicidad. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) define la complicidad como la ejecución de actos anteriores o simultáneos al hecho delictivo; actos que favorecieron su ejecución. 

O sea que el Fiscal, para mantener esta acusación, debió demostrar con qué acciones la señora Martha González Navas, cuñada de Lenín Moreno, que recibió 15 mil dólares de una empresa de Xavier Macías seis años después de los hechos, vaya uno a saber por que, con qué acciones colaboró para la adjudicación del contrato. Por supuesto que el fiscal Alarcón no entró en esos berenjenales que lo habrían conducido al más irreversible de los ridículos.

Deslealtad procesal

A Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño, accionista de Recorsa por herencia de su difunta madre, la mantuvo en el banquillo de los acusados hasta el final a pesar de las pruebas de su inocencia que brillaban desde el primer día. 

Enferma de cáncer, emocionalmente desecha, Priscila se desmayó, lloró, se descompuso y se consumió ante los ojos de todo el mundo y especialmente del fiscal, que tenía en sus manos todas las evidencias para levantar los cargos. Pero esperó hasta el último día para hacerlo.

A Eduardo Carmigniani siguió atribuyéndole pruebas que no le correspondían hasta el último día: cuentas bancarias, correos electrónicos que pertenecían a su hermano Juan Carlos, como sabía el fiscal perfectamente porque quedó demostrado a lo largo de la audiencia de juicio. 

Y hasta se permitió manipular la postura de Procuraduría, acusador particular en este caso, aprovechándose de un lapsus de una de sus abogadas. 

Porque Procuraduría respaldó la acusación del fiscal en todo menos en dos cosas: los cargos contra Martha González, cuñada de Lenín Moreno, y los cargos contra Eduardo Carmigniani, que ofreció servicios profesionales de abogado a Recorsa. 

Pero en su alegato de clausura, la abogada de Procuraduría cometió el error de incluir a la empresa de este último, Anges, entre las personas jurídicas contra la que presentaba cargos. 

Carlos Alarcón trató de sacar ventaja de este lapsus y le fue como al perro: Procuraduría corrigió expresamente lo que para él era un triunfo y solicitó se excluya de su alegato toda alusión a Anges y a Carmigniani.

Por lo demás, las propias peritos contables de la Fiscalía determinaron, por petición del procesado, que de las cuentas de Carmigniani no salió ni un solo centavo a funcionario alguno, ni se pagó suma alguna a ninguno de los implicados en el caso. 

Pero su persecución judicial es parte del libreto del gobierno al que sirve Carlos Alarcón, como se demuestra en los esfuerzos de la prensa oficialista por presentarlo como protagonista del caso.

Sinohydro es un caso elefantiásico diseñado para ocupar grandes titulares (un expresidente, una veintena de acusados) que termina sin pena ni gloria. Quizá el fiscal debió levantar cargos a la mayoría de implicados antes de meterse en un berenjenal del no puede salir sino mal parado.