Inés Manzano presionó para sostener el contrato de ATM
Manzano heredó un acuerdo que Austral decidió incumplir. Contratista logró adendas para cobrar el 80% del monto pese a que solo 16 de 48 equipos servían
En el periodo de Inés Manzano se ejecutó el contrato que se preparó desde el tiempo de Roberto Luque.
Las claves que debes conocer
- Contrato Esmeraldas III firmado 9 ago 2024 por Electroguayas y ATM, $89,9 millones.
- Reunión clave 14 mayo 2025 reveló 32 equipos incompatibles con sistema eléctrico nacional.
- ATM recibió 80% del contrato; arbitraje sigue en Cámara de Comercio Quito desde julio 2025.
A pesar de los graves fallos técnicos y el evidente incumplimiento del contratista uruguaya Austral Technical Management (ATM), la gestión de la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, se caracterizó por una presión constante para forzar la operatividad de la Central Esmeraldas III.
Manzano heredó un contrato preparado en la administración de Roberto Luque y firmado durante la gestión de Antonio Gonçalves. Más concretamente, la suscripción se dio el 9 de agosto de 2024 a través del entonces gerente de Electroguayas, Manuel Barberán, cuyo hijo trabajó con Karla Saud y Walther Manrique, representantes de Progen en Ecuador.
El 14 de mayo de 2025 se realizó una reunión clave con la participación del entonces viceministro de Energía, Fabián Calero, como delegado de Manzano, Gustavo Sánchez, gerente general de Celec, Carlos Pérez, gerente de Electroguayas, y el administrador del contrato José Estupiñán.
Ese día, la gerencia de Electroguayas reveló información que ocultó por semanas: que solo 16 unidades entregadas por ATM estaban diseñadas para operar a 60 Hz y cumplían los requisitos. En cambio, 32 unidades únicamente podían operar a 50 Hz y necesitaban alternadores para modificar la frecuencia y permitir la interconexión.
El alternador es el componente que transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica apta para la red pública; sin este dispositivo en la especificación correcta de 8 polos, resulta imposible acoplar la electricidad al sistema nacional.
La orden de Manzano sobre los recursos
En esa cita, Calero comunicó una disposición directa de la ministra Manzano: se debían facilitar todos los recursos para que la Bahía 3 (16 unidades nuevas y que sí servían) entregara energía a más tardar el 16 de junio de 2025 de cara al siguiente estiaje. En cambio, los informes técnicos de abril y mayo de 2025 confirmaban que 32 de las 48 unidades eran incompatibles con el sistema nacional al estar fabricadas para 50 Hz.
Los meses siguientes, la administración de Manzano buscó soluciones e impulsó que las empresas públicas asumieran las tareas de ATM. El personal de Electroguayas realizó el montaje de los grupos generadores con técnicos de la Central Santa Elena. Pese a la intervención estatal, la puesta en servicio se logró pero a medias, porque ATM nunca proveyó los técnicos para la configuración e interconexión ni compró los alternadores.
¿Cómo se cambió el esquema de pagos?
Mientras se ejercía esta presión sobre los técnicos estatales, el contrato sufrió modificaciones mediante adendas en septiembre de 2024 y febrero de 2025. Estos cambios flexibilizaron la forma de pago original.
El esquema inicial fijaba un 65% en 2024 contra factura y lista de empaque, un 25% tras la puesta en marcha y acta provisional, y un 10% con la entrega definitiva. Sin embargo, las adendas modificatorias vincularon los desembolsos a hitos y sub-hitos específicos, lo que permitió al contratista recibir $ 71.944.629, es decir, el 80% del valor total del contrato, fijado en $ 89.9 millones.
Del monto pagado, Electroguayas solo puede aspirar a recuperar $ 4,49 millones, que fueron asegurados en una póliza de fiel cumplimiento. Y nuevamente asoma una pregunta que sigue en el aire: ¿Por qué el administrador del contrato autorizó los pagos por equipos que no cumplían las especificaciones técnicas?
Finalmente, el empeño por sostener el contrato finalizó en julio de 2025 cuando Celec quiso darlo por terminado, pero ATM llevó su caso al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, donde aún se espera una resolución.
EXPRESO ya contó, con correos, que ATM contrató a Gonzalo González y Gustavo Arrobo, de Ecija, para que mantengan reuniones en el despacho del ministro Luque, en abril de 2024, para presentar su propuesta técnica y económica justo de los proyectos de generación eléctrica.
Fiscalía conoce sobre el caso ATM
En la Fiscalía, en la investigación del caso Progen, ATM ha sido mencionada por Byron Orozco, exgerente de Termopichincha. Aseguró que en el contrato de Esmeraldas III hubo información privilegiada para ATM al igual que los dos contratos de Progen que él firmó para Salitral y Quevedo.
Aseguró que ATM obtuvo información privilegiada desde el periodo de Luque y acceso directo a asesores como Peter Dreher.
Orozco aportó un audio donde se evidencia que se ayudó a ATM con la flexibilización de requisitos: Electroguayas solo valoró la firma de contratos previos y no verificó si se cumplieron a conformidad, lo que facilitó la elección de una empresa extranjera. A pesar de su denuncia, la Fiscalía no ha abierto un caso ni ha solicitado aún la pericia del audio entregado por Orozco.
Esquema de pagos e hitos
Igual que los tres contratos de Progen (Catamayo, Salitral y Quevedo) Austral Technical Management (ATM) desistió del pago de anticipo.
El esquema original de pagos se diseñó para que el 65 % del valor total se desembolsara en 2024 contra la presentación de la factura comercial y la lista de empaque (packing list) de los equipos, aprobados por el administrador del contrato.
Esto permitió al contratista asegurar un flujo de caja masivo (aproximadamente 58,4 millones de dólares) simplemente con el arribo de la maquinaria, incluso antes de su instalación o prueba técnica, que reveló las graves fallas.
El esquema se modificó a través de dos adendas (septiembre de 2024 y febrero de 2025) para cancelar más por trabajos de ingeniería civil y eléctrica que ya había cumpletado y que se llamó hitos y sub-hitos contractuales. Así ATM logró cobrar el 80 % del valor del contrato.
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