Roberto Luque amplía su versión por el caso Progen, pero guarda silencio sobre los puntos clave

El ministro Roberto Luque acudió este 8 de julio de 2026 a la Fiscalía General del Estado para ampliar su versión dentro de la investigación del caso Progen. Su comparecencia duró menos de diez minutos y, posteriormente, se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio para evitar las preguntas de las defensas de los procesados.

De esa forma, Luque evitó responder interrogantes sobre aspectos centrales de la investigación. Entre ellos cómo la lobista Karla Saud mantuvo contacto directo con él y con su despacho. Esta pregunta, por ejemplo, le hicieron los periodistas su salida de su versión.

Otras interrogantes que sigen en el aires son sobre la incorporaron una fórmula de pago, sin garantías, que ha sido perjudicial para las finanzas públicas y que fue aplicada inicialmente en el proyecto de Catamayo y avalada por el entonces coordinador jurídico del Ministerio de Energía, José Manuel de Oliveira; y por qué recibió propuestas técnico-económicas de Progen varias semanas antes del inicio formal de los procedimientos de contratación pública.

Luque insiste en que no se encontraron pagos ilícitos

Al concluir la diligencia, Luque sostuvo ante los medios de comunicación que las investigaciones realizadas sobre su patrimonio y movimientos financieros descartaron cualquier beneficio económico irregular.

"La investigación a Roberto Luque fue exhaustiva. A mí me han investigado absolutamente todo y, después de una investigación que ha llevado la Contraloría General del Estado, archivos del Servicio de Rentas Internas, cuentas bancarias, cuentas personales, registros telefónicos y registros de ingreso al Ministerio, se determinó en la formulación de cargos que yo no era sospechoso y no tenía que estar ahí".

El ministro afirmó además que la investigación nació a partir de una denuncia presentada por el propio Gobierno y aseguró que el Ejecutivo tiene interés en identificar a los responsables de las irregularidades.

"Yo, como exministro de Energía y Minas, estoy haciendo lo que corresponde: dar la cara y esclarecer los hechos ante las entidades competentes, la ciudadanía y los medios de comunicación".

Sin embargo, el argumento de que no existen pagos ilícitos identificados también puede ser utilizado por otros procesados del caso. De acuerdo con el expediente, la investigación patrimonial tampoco ha detectado movimientos financieros irregulares en el exministro Antonio Gonçalves, el exgerente de Corporación Eléctrica del Ecuador, Fabián Calero, ni en los demás técnicos que sí están procesados y con órdenes de prisón.

La ampliación de versión

Durante la diligencia, Luque manifestó que no conoce a Daniel Suárez, técnico de Celec procesado dentro de la causa, ni antes, durante o después del período comprendido entre abril y julio de 2024.

Indicó que sus afirmaciones, sobre los corruptores, se sustentan únicamente en la información que consta en el expediente fiscal y precisó que la dirección de la investigación corresponde exclusivamente a la Fiscalía, por lo que no podía atribuir responsabilidades a una persona específica.

Finalmente, señaló que, por recomendación de su abogado y al haber cumplido el objeto de la diligencia, se abstendría de responder preguntas adicionales.

La Fiscalía tampoco le consultó sobre el viaje que realizó en mayo de 2024 a las instalaciones de Progen, en Florida, por invitación de Karla Saud. Ese desplazamiento sí consta en el expediente como un elemento de convicción dentro de la investigación contra Fabián Calero, quien fue delegado por Luque para acompañarlo e incluso el ministro le tramitó el pasaporte. 

Jorge Luis Ortega, abogado de Daniel Suárez, afirmó que Luque sigue siendo sospechoso por eso la fiscal le recordó que podía acogerse a su derecho al silencio, y que será la Fiscalía la que determine si lo vincula.

La fiscal a cargo del caso

La investigación está a cargo de la fiscal de Fuero de Corte Nacional Judith Bonilla, designada para esta causa por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón.

Alarcón también ha estado al frente de otros procesos de alta relevancia política y de interés del gobierno. Entre ellos constan el caso Nene, contra el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad; el caso Triple A, contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, considerado el principal contrincante político del Gobierno; el caso Seguros-Petroecuador, que involucra al excuñado del presidente; y el caso Caja Chica, que derivó en la suspensión de la Revolución Ciudadana para impedir la inscripción de sus candidatos para las elecciones seccionales. 

De hecho, la primera actuación de Alarcón al asumir la Fiscalía General del Estado fue solicitar el archivo de una investigación, que tenías 40 días de inciada, por presunto tráfico de influencias que involucraba al presidente Daniel Noboa, a su esposa, Lavinia Valbonesi, y a la empresa minera Dundee Precious Metals.