Caso Progen: quiénes son los intocables que la Fiscalía dejó fuera de la investigación

La Fiscalía basa la investigación del caso Progen en hechos aislados y mutilados que dejan fuera a una lista de actores clave, desde la alta esfera política hasta asesores técnicos y administradores de contrato.

Dos ejemplos son evidentes. El fiscal Carlos Alarcón, quien concursa para mantenerse en el cargo, se enfoca solo en el pago a Progen de octubre de 2024 (durante la gestión de Antonio Gonçalves) y omite las transferencias realizadas bajo la entonces ministra Inés Manzano. Presenta como evidencia el viaje a las instalaciones de la firma en mayo de 2024, pero oculta que el entonces ministro Roberto Luque organizó esa visita.

Progen y su vía directa con los ministros Luque y Manzano

Sin embargo, a través de documentos, versiones, chats, audios y fotografías es posible identificar los roles que cumplieron los excluidos de la investigación. En el máximo escalón está Roberto Luque, exministro que lideró la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico para impulsar las contrataciones. Luque emitió una directriz para que todas las empresas eléctricas, incluidas CNEL y Celec, informaran sobre sus procesos. El objetivo era que su delegado, José Manuel de Oliveira, analizara y aprobara cada trámite. Este último, como coordinador jurídico del Ministerio, estuvo presente en todas las fases de los contratos: preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución.

Sobre esto, Luque ha señalado que sus disposiciones tuvieron como fin cuidar los recursos públicos y niega cualquier participación irregular.

En ese nivel también se incluye a Inés Manzano, sucesora en el Ministerio de Energía, quien asumió la gestión de la crisis y el seguimiento de los contratos en plena ejecución y posterior conflicto por incumplimientos. Sus chats con los ejecutivos de Progen evidencian que su rol no fue solo de gestión, sino que es la responsable de la adenda al contrato de Quevedo. Dicho documento permitió que Celec desembolsara 34 millones de dólares a Progen hasta marzo de 2025, pese a que la empresa ya acumulaba retrasos e incumplimientos. Ella no ha explicado sobre esto, solo que colaborará con las autoridades.

El nivel de los contratistas y funcionarios 

La Fiscalía también dejó fuera a John Manning, CEO de Progen, y a José Walther Manrique, pareja de Karla Saud (lobista de Progen) y accionista de Astrobryxa y Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A. Estas firmas recibieron más de 20 millones de dólares de Progen en los EE.UU. Tampoco las compañías, como personas jurídicas, constan en la imputación ni en la teoría de la Fiscalía General del Estado. El rol de Manrique fue de representación y facilitó el desembarco de Progen en los procesos de contratación pública del país. Además, su empresa subcontrató a Inycofyi, la cual firmó como garante solidario de Progen en las pólizas para los proyectos de Quevedo, Salitral y Catamayo.

El puente entre la decisión política y la viabilidad legal estuvo en manos de asesores y coordinadores que blindaron o dictaminaron los pasos a seguir. Destaca José Manuel de Oliveira, excoordinador jurídico, cuyo rol era el control de legalidad interno del Ministerio. Por sus manos pasó la revisión de informes, acuerdos de emergencia y delegaciones que permitieron a Celec EP avanzar con la contratación directa bajo el régimen de excepción.

Peter Dreher, asesor, actuó como estratega técnico-político. Él recibió las propuestas técnicas y económicas de Progen, así como de Austral Technical Management (ATM), al mismo tiempo que receptaba los términos de referencia para las contrataciones. En esa línea aparece Christian Dahik, subgerente jurídico de Termopichincha, quien actuó en las comisiones técnicas para los contratos de Quevedo y Salitral. Dahik trabajó en las cláusulas de contratación.

Los administradores de los contratos

Para la Fiscalía, los administradores de los contratos tampoco son piezas importantes en este esquema. Sin embargo, ellos autorizaron los pagos millonarios, contrataron vía correo electrónico a las empresas verificadoras y aprobaron como nuevos los equipos viejos e incompatibles. Marlon Casilla, administrador del contrato de Quevedo, incluso pidió expresamente ejercer ese rol. Según el procesado Celso Sánchez, miembro de la comisión de Celec para verificar los equipos, Casillas le quitó la cámara fotográfica para evitar que dejara constancia de que los motores eran viejos, corroídos y remarcados. Finalmente, Marco Guerrero, administrador del contrato de Salitral, cumplía la función de fiscalización y control directo en la planta ubicada en Guayas, donde los retrasos en la obra civil y el montaje de los generadores marcaron el ritmo del incumplimiento contractual.

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