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Diario Expreso Ecuador

Caso Progen: detienen a exsubgerente de Celec procesado por presunto peculado

La Fiscalía imputa al exgerente de Celec por haber participado en la fase precontractual de los contratos para las centrales Quevedo y Salitral

Carlos Iván Villacís, exsubgerente de Producción de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), fue detenido por el caso Progen.

Carlos Iván Villacís, exsubgerente de Producción de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), fue detenido por el caso Progen.Foto: Imagen referencial Flickr Celec

Sara Ortiz
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Las claves que debes saber

  • Detienen a Carlos Iván Villacís, exsubgerente de Celec, en Nayón, Quito, tras imputación por peculado en caso Progen.
  • Villacís, uno de 21 procesados, fue enviado a Cárcel 4 mientras avanza investigación por contratos Celec-Progen.
  • Fiscalía lo vincula por fase precontractual; irregularidades con motores usados motivan proceso penal en Ecuador.

Carlos Iván Villacís, exsubgerente de Producción de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), fue detenido por la Policía Nacional en el sector de Nayón, en el nororiente de Quito. Tras su captura, las autoridades oficializaron su ingreso a la Cárcel 4, donde permanecerá mientras avanza el proceso penal en su contra.

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Villacís figura entre los 21 procesados en el caso Progen, una investigación de la Fiscalía por presunto peculado relacionada con los contratos suscritos entre Celec-Termopichincha y la empresa estadounidense Progen para la instalación de generación termoeléctrica en Salitral y Quevedo.

Fiscalía contra Villacís, pero deja afuera a los administradores de los contratos

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, Villacís participó en la fase precontractual del proceso de contratación. Específicamente, intervino en la manifestación de interés presentada por Progen y en la elaboración o validación de las especificaciones técnicas con las que Celec determinó que requería motores nuevos, con cero horas de uso, que funcionaran con HFO6 o fuel oil pesado y que fueran de cuatro tiempos.

La acusación fiscal sostiene que Progen presentó información falsa para obtener la contratación. Entre los principales cuestionamientos consta que la empresa aseguró ser fabricante de motores de una marca propia, cuando en realidad no lo era.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, las irregularidades se materializaron durante la fase de ejecución contractual, etapa en la que Villacís ya no participó. 

Según la investigación, Progen adquirió motores usados, los pintó y posteriormente los revendió al Estado ecuatoriano. Los equipos que llegaron al país incluso presentaban alteraciones en sus placas de identificación para ocultar su antigüedad.

Estas irregularidades no habrían sido detectadas por los administradores de los contratos, Marlon Casillas, en Quevedo, y Marco Guerrero, en Salitral. Por el contrario, ambos habrían aceptado los equipos usados y autorizado pagos millonarios sin ejecutar las garantías correspondientes. Sin embargo, la Fiscalía los dejó fuera del proceso y no los ha vinculado penalmente.

Juez dictó prisión preventiva en mayo 2026 en Quito a técnicos Celec por presunto peculado en contratos Progen

Juez dictó prisión preventiva en mayo 2026 en Quito a técnicos Celec por presunto peculado en contratos ProgenMatthew Herrera / Expreso

Un grupo de funcionarios técnicos y un exministro son procesados

Villacís se desempeñó como subgerente de Producción de Celec y forma parte del grupo de exfuncionarios técnicos imputados como presuntos autores del delito. Entre los procesados también constan exgerentes de Celec y el exministro de Energía, Antonio Goncalves.

La detención de Villacís ocurrió ocho días después de que la Fiscalía formulara cargos contra los involucrados y solicitara medidas cautelares con el argumento de que podrían interferir en la investigación, contarían con recursos económicos para abandonar el país y enfrentarían penas de hasta 13 años de prisión.

El conjuez Marco Vinicio Rodríguez Mongón desestimó los certificados laborales presentados por las defensas, en los que se acreditaba que varios de los técnicos percibían salarios inferiores a 2.000 dólares mensuales, mantenían empleos estables, tenían créditos hipotecarios e incluso ejercían la patria potestad de hijos menores de edad.

Pese a ello, el magistrado dispuso la prisión preventiva para los procesados.

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