Caso Progen: Juez envía a la cárcel 4 a los técnicos de Celec que alertaron sobre los equipos viejos

El conjuez Marco Vinicio Rodríguez Mongón ordenó que sean encarcelados en la cárcel 4 de Quito el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, el exgerente general de Celec, Fabián Calero, 15: técnicos de Celec: Marvin Rubio, Daniel Suárez, Julio Montesdeoca, Celso Sánchez, Nelson Castro, Luis Flores, Juan Carlos Cornejo, Carlos Villacís, Gabriela Toaza, Holger Jaramillo, Marco Poma, Marco Chicaiza, Romel Llumiquinga, Javier Lazluisa, Gonzalo Guerrón y los empresarios Andrew Scott Williamson, CEO de Progen, y Karla Saud, accionista de Astrobryxa.

Los únicos procesados que no han recibido la medida son el exgerente de Termopichincha, Byron Orozco, tras la acreditación de que padece cáncer desde 2021 y César Toledo, especialista financiero de Celec. A Orozco le ordenó arresto domiciliario y a Toledo le permitió presentarse cada miércoles y le prohibió salir del país. 

Juez se contradice con sus argumentos 

Con esta decisión, el conjuez valida la postura del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, ya que la autoridad afirmó que la Fiscalía demostró de forma técnica por qué las medidas alternativas —como la prohibición de salida del país o el grillete electrónico— resultan ineficaces, pero no expicó por qué o cómo son ineficaces.

Durante el análisis de su dictamen, el propio juez reveló las incoherencias de sus argumentos. Primero citó la Constitución, el Código Integral Penal  y los tratados internacionales para explicar que la prisión preventiva es una medida estrictamente excepcional y de última ratio, pero luego dijo que los técnicos pueden huir del país o destruir las evidencias. 

Sus argumentos fueron que si bien los certificados laborales o las partidas matrimoniales y de nacimiento de sus hijos demostraban estabilidad laboral y arraigos familiares “no alcanzan para justificar la no idoneidad” de la prisión preventiva.

El peso de la pena como único justificativo

Para dictar la prisión preventiva contra el exministro Antonio Gonçalves, el exgerente Fabián Calero y los técnicos, el magistrado se cobijó bajo el argumento de la proporcionalidad. Sostuvo que la sola expectativa de una pena de 10 a 13 años por peculado constituye un incentivo suficiente para el escape. 

La Fiscalía se limitó a señalar de forma general que los implicados poseen "medios económicos", pero no entregó estados de cuentas o informes patrimoniales que lo demuestren. 

El conjuez también dijo que los técnicos podrían obstruir la investigación,  de "acuerdo a la jerarquía que ostentaba", pero no explicó cómo, pues las defensas demostraron que los funcionarios públicos han comparecido a todas las diligencias ordenadas por la Fiscalía, sus roles son de técnicos y los que fueron gerentes o el exministro salieron de sus cargos hace más de un año. 

De esta forma, el juez validó que la Fiscalía acceda a la privación de libertad de los ciudadanos mediante discursos abstractos, sin la necesidad de cumplir con la presentación de las evidencias que exige la ley para romper la presunción de inocencia.

Paradoja: Prisión para quienes alertaron el mal estado de los equipos

Entre las decisiones más cuestionables de la jornada consta la orden de prisión preventiva para Nelson Castro, Celso Sánchez y Paúl Flores, técnicos de Celec. La medida resulta contradictoria si se toma en cuenta que, en septiembre de 2024, fueron ellos quienes alertaron e informaron que "por ningún motivo se debe dejar que este tipo de compras pasen". Su advertencia ocurrió tras la verificación en el sitio del mal estado de los equipos que la institución pretendía adquirir a Progen.

Incluso Sánchez entregó un informe borrador donde se detallan cada uno de los desperfectos, pero no esta información no fue mencionada por el fiscal, que presentó una teoría que ubica a los técnicos en el centro de una red de corrupción que se aprovechó de los fondos públicos. 

Dentro de la información que el fiscal Alarcón dejó fuera de su investigación también están los pagos por 35 millones que se autorizaron a Progen en la administración de Inés Manzano y la carta de invitación de Progen y correos de Progen directamente con el Ministro Roberto Luque, a quien le enviaron la propuesta de la compañía dos meses antes de que llegara a manos de los técnicos de Celec.

Pese a que actuaron como fiscalizadores internos de la cuestionada compra de emergencia, hoy enfrentan el proceso tras las rejas. En el caso de Celso Sánchez y de otros procesados, la situación se complejiza debido a su permanencia dentro del programa de protección de víctimas y testigos. Solo ellos, el juez dijo que esa protección no le impide enviarlos a prisión.