Cruzar el Puente de la Unidad Nacional implica ver no solo la dimensión del río Daule (que forma al juntarse con el Babahoyo el río Guayas), sino todo ese extenso y lodoso pedazo de tierra que, a consecuencia de la sedimentación y el lento e imperceptible retiro de las aguas, se ha formado a orillas de decenas de viviendas de La Puntilla; convirtiéndolo en un vecino que, si bien llegó de forma inesperada, hoy todos quieren.

Los residentes han sido claros al asegurar que ese excedente, cuyo título de propiedad ha generado una especie de debate entre la comunidad y el Municipio de Samborondón, lo necesitan sobre todo por seguridad. “Esta superficie está tan solidificada que por allí es fácil caminar y, por lo tanto, entrar a robar. Queremos cercar e iluminar ese anexo, resguardar esa zona, que por ley nos pertenece”, asegura Claudia Velasco, habitante de La Puntilla.

Ricardo Noboa, quien vive desde hace más de 30 años en la ciudadela Entre Ríos, donde existen decenas de viviendas cuyos terrenos están prácticamente unidos ya a estos lechos (en promedio, las de 230 familias, contando las que residen en los edificios), es doctor en Jurisprudencia y confirma que, en efecto, por un término denominado aluvión, estos añadidos les pertenecen.

“Jurídicamente, el propietario del predio que colinda con la sedimentación se hace dueño de ella por un concepto que se llama aluvión, que es una manera de adquirir una propiedad”, explica, al hacer hincapié en que así lo establecen los artículos 665 y 666 del Código Civil, que señalan que el aluvión es al aumento que recibe la ribera del mar, río o lago, por el lento retiro de las aguas.

“Más claro entonces no canta un gallo... Yo no he soplado las aguas, esto es producto de la naturaleza y las leyes son claras al establecer qué pasa y a quién le pertenece, en estos casos, ese excedente”, sentencia Noboa, quien fue diputado y asambleísta constituyente, y es hermano del expresidente de la República Gustavo Noboa.

Sin embargo, el Municipio se mantiene firme en el hecho de que estos macrolotes son municipales, por lo que advierte que solo pasarán a manos de los habitantes si los compran (el valor varía conforme al costo que tenga el metro cuadrado en cada urbanización). Y respalda su explicación en otra normativa.

EXPRESO dialogó con el asesor jurídico del Cabildo, Iván Orlando, quien asegura que basándose en el artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), todo excedente del territorio pertenece al cantón.

Según esta ley, los excedentes municipales los integran todas las superficies que superen el error técnico aceptable de medición del área original que conste en el respectivo título de propiedad y que se determine al efectuar una medición municipal por cualquier causa... Que estos pueden favorecer al propietario adyacente más cercano del terreno es cierto, reconoce.

Sin embargo, precisa, estos no pueden ser gratuitos porque “nunca han constado en el título de propiedad que tienen los residentes” y requieren de estudios previos que confirmen cuál es el fin de la venta. “En ellos, por las características que tiene el terreno, no puede levantarse una edificación fuerte, sino una pérgola, una piscina, una caminera...”.

Noboa lo tiene claro, al igual que el residente Marco Espinel, presidente del comité de vecinos del edificio Casa del Río, ubicado en el malecón de Entre Ríos. No obstante, ambos alegan que ese argumento no se aplica en estos casos porque en el Cootad existe otro artículo (el 481.1) que en cambio indica que la titularidad de estos espacios no está en disputa si los excedentes son parte de una propiedad privada.

“A nosotros, por lo tanto, se nos debe aplicar este inciso. Esos añadidos no son municipales y, basándonos en esta norma, el Cabildo debería rectificar esa medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Hemos pedido que nos cobren los impuestos y que incluso lo hagan de forma retroactiva, desde que empezó a formarse este aumento, pero no quieren”, sostiene Noboa.

Espinel, quien frente a la inseguridad que se vive en la vía a Samborondón, solo en el área en cuestión ha tenido que invertir en cámaras, sirenas, cercado eléctrico y guardias permanentes; está de acuerdo con ese pago retroactivo con tal de que se solucione ya el problema, que representa además una traba para las familias que intentan vender sus viviendas.

Y es que por no tener claro quién es el dueño de esas tierras, hay compradores como el guayaquileño Daniel Navas, que dan un paso al costado y deciden no realizar la compra. “No quise pasar por todo ese proceso, ni comprar la casa y tener luego que lidiar con el Municipio. Sería un dolor de cabeza eterno. Opté por otra alternativa”, argumenta.

Ante esta situación, por la que Noboa se ha visto también afectado, apoyado por decenas de moradores llevará el tema a un juez para que sea él quien declare que tienen derecho sobre ese excedente. “He empezado a hablar con los administradores de los edificios afectados, veremos qué pasa. Los artículos son claros. El Municipio quiere sacarles plata a los particulares aprovechando este retiro de las aguas. Y no es justo”. Ni lo van a permitir, adelanta.