No hay noticia. Ya se sabe que el norte de Guayaquil ha olido mal todo este tiempo, porque la planta de tratamiento que administra Interagua trabaja a su máxima capacidad. Se conoce también que desde hace una semana se ha iniciado un proceso administrativo contra la operadora por el inadecuado manejo de las actividades en esas lagunas de oxidación. Y se ha informado además que la concesionaria prefiere no comentar nada sobre el tema mientras esa investigación se lleva a cabo.

EXPRESO ha querido mirar a lo que no se sabe aún; que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha preferido callar; y que la gerente de Emapag, Martha Orta, ha omitido al salir en público a decir que habrá un proceso administrativo contra Interagua.

Este Diario quiere decirle a la ciudadanía de una vez por todas qué ha hecho el director general de Interagua, Frédéric Certain, para remediar, durante estos 20 años de concesión, el funcionamiento de las lagunas, o para mitigar los impactos del mal manejo por el que se lo ha señalado desde el Cabildo.

Quiere la comunidad saber, por ejemplo, qué hizo que el proceso administrativo se inicie recién, si no es novedad para nadie que los olores son un tema antiguo. Quiere enterarse de si para tomar esta decisión existe o no un informe que determine que las lagunas trabajan a su máxima capacidad, que hay un mal manejo. Pero sobre todo quiere que la autoridad le explique por qué pasó, por qué se permitió y cómo es que durante este tiempo hubo este silencio ante las críticas.

¿Qué significa máxima capacidad? ¿Qué cantidad de desechos llegan de la ciudad y cuánto es lo que se puede procesar? ¿Desde cuándo las lagunas trabajan al límite? Son algunas de las respuestas que los funcionarios aquí citados le deben a Guayaquil.

Interagua ha salido al paso con comunicados oficiales, no declaraciones específicas sobre el problema, al asegurarle al mundo que tiene un proceso de mitigación de olores. No explica a nadie, sin embargo, qué hace que no sea efectivo.

Y sobre el proceso administrativo, que puede devenir en una sanción que asciende a los $ 80 mil, ni siquiera se informa qué exactamente analizará la comisaría ambiental que, cabe puntualizar, recién actúa en este caso.

Desde que llegó el proceso sancionatorio, ninguna autoridad dice nada. Municipio nada, Interagua nada. Emapag nada, pero no son los únicos.

La experta en derecho ambiental Inés Manzano ha explicado en este tema que se trata de un problema integral y que este paso, del que se conoce poco, puede derivar en procesos penales, civiles y administrativos, por el incumplimiento de años de Interagua.

Son los gobiernos locales los que tienen la competencia del manejo de aguas residuales, recuerda el urbanista y asesor en temas de planificación Luis Alfonso Saltos, pero eso no significa que solo las entidades que tienen la competencia directa pueden hacer algo al respecto, añade.

Es la Prefectura, por ejemplo, la que emite permisos ambientales y analiza si los renueva o no. Y es el Ministerio del Ambiente el rector de estos temas, y debe también formar parte de esos procesos, pues es la entidad que debe analizar si los gobiernos locales o provinciales manejan bien, o no, sus competencias.

El Ministerio del Ambiente no ha contestado a EXPRESO si ha realizado monitoreos a las lagunas de oxidación, si se conoce el impacto o si ya ha habido reuniones con las autoridades de Guayaquil para tratar el tema. Y la Prefectura, consultada ayer sobre si ha tomado alguna medida en torno al asunto, en lo que cabe de sus competencias, dijo que trabaja en las respuestas.

A la Fiscalía también se le envió un requerimiento para saber si ha actuado por su cuenta frente a este caso que evidentemente afecta no solo a Guayaquil, sino a cantones aledaños como Samborondón; pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Quien sí ha hablado es Mélida Pumalpa, especialista de la dirección del mecanismo de prevención, precaución y restauración de los derechos de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Ella reconoce ante este rotativo que denuncias similares han aterrizado a la entidad, pero, por el momento, son provenientes de El Oro, Imbabura y Pichincha.

Afirma que estas se encuentran en proceso de investigación y que se han encendido las alarmas debido a que cada vez hay más denuncias ciudadanas sobre los malos olores y el mal uso de las plantas de tratamiento en esos lugares. “Lo que la Defensoría está haciendo es la investigación, se recopila la información y se determina cuál es la vulnerabilidad de los derechos”, aseveró.

En el caso de Guayaquil, pese a que el problema es público, la institución no actúa, puesto que, asegura, solo puede hacerlo con una denuncia u oficio, aclaró la funcionaria. Situación que lamentan los ciudadanos. “En Guayaquil, todas las autoridades se tapan los oídos, los ojos y la boca. Cuando deben actuar, no lo hacen. Todos son cómplices de que vivamos en medio de olores nauseabundos que impiden hasta que respiremos. Esa pasividad con la que abordan los casos, el hecho de ser testigos de lejos de lo que pasa, no hace más que matarnos de a poco”, manifestó el ciudadano Walter Ávila, habitante de Sauces 6.

Sobre esta situación, EXPRESO también preguntó al alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, qué ha hecho para solucionar el problema; si se ha reunido ya con la alcaldesa de Guayaquil o los directivos de Interagua para hallar una solución; qué planes ha propuesto para agilitar los procesos de ayuda; o si ya ha emitido alguna denuncia. Pero desde el departamento de comunicación se nos informó que las contestaciones las enviarían el lunes.

Para Analía Garzón, de Entre Ríos (La Puntilla), el hecho de que entre los alcaldes no se trabaje por el mismo fin, da cuenta de la falta de planificación y respeto hacia sus ciudades. “Los malos olores no los siento aquí. Llegan a veces al puente de la Unidad Nacional o al nuevo, que une a La Puntilla con Guayaquil. Todo huele mal. ¿Esa la imagen que quieren dar al exterior? No hablar de lo que pasa, ¿es su ejemplo de unidad?”, cuestionó.