El 2021 fue un gran periodo para la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil. Exactamente en enero del año pasado, la entidad alzaba la bandera de la solvencia con una entrega de dos millones de dólares al Municipio de Cynthia Viteri, para obras, un hecho sin precedentes que solo fue el comienzo de la solvencia que la entidad ha acumulado a costa de los pagos de los usuarios.

EXPRESO conoce, gracias a una investigación, que trámites que antes costaban en promedio $ 30 hoy pueden ascender a cifras que van desde los $ 270; y también que a propósito de la aplicación de un nuevo sistema (ver detalles del informe en la subnota), la entidad ha retrasado la entrega de documentación y las respuestas con negativa se han convertido en una molestia (esto es, rebote del trámite en curso por alguna imprecisión o error en la aplicación, cuya notificación obliga al usuario a cancelar nuevamente el arancel).

El Municipio, como ya es común en este tipo de reportajes, no ha dicho nada. Tampoco el Registro. Y aunque no es fácil notar la inconformidad de los usuarios, porque a simple vista no ocurre nada en la institución (ya que todo es en línea y no hay mayor movimiento en la matriz, ubicada en Córdova y Víctor Manuel Rendón), este equipo periodístico halló voces.

En la matriz, una funcionaria recibe a los usuarios y los deriva a algunos de los seis puntos satélite puestos desde pandemia. ‘Ping’. Cuando estos se acercan a los otros puntos, vuelven al inicio: les piden el reingreso del trámite por la web y los obligan a esperas que suelen superar los 15 días en la mayoría de los casos y más de dos meses en los peores. ‘Pong’. Exacto, “como pelotita”, dicen algunos.

Para entender este presente del Registro de la Propiedad de Guayaquil hay que moverse un poco al pasado, cuando Ivole Zurita (+), entonces registrador, lidió con los cambios que quiso imponer la hoy gerente, María José Castelblanco, hermana del síndico del Municipio, Cristian Castelblanco, y esposa de Xavier Álvarez, gerente de la Fundación Siglo XXI. Luego de la muerte de Zurita, en mayo de 2022, esas modificaciones se terminaron de consolidar.

Los cambios, recuerda una funcionaria, se dieron desde 2020, con la expedición de la ordenanza sustitutiva para la administración del Registro de la Propiedad, publicada en la gaceta oficial 26, del 18 de septiembre de 2020. “Todo apuntó al bolsillo del usuario”, confiesa. En marzo de 2021 se aprobó la primera reforma.

En el artículo 45 se incluye la modificación de los tarifarios con base en los porcentajes del salario básico unificado sobre el valor contractual o del total del avalúo del predio, en lugar de manejar rubros fijos como en época de Jaime Nebot, cuando la mayoría de trámites costaba $ 25. Ahí el origen de la buena suerte financiera del Registro de Castelblanco.

Pero no les bastó con eso. Una nueva reforma llegó al Registro Oficial el 15 de noviembre pasado, también encaminada a llenar las arcas de la entidad a través de normativas. En el artículo 12 de ese documento se establecen nuevos valores por consulta legal general, consulta legal específica, solicitud de ingreso de certificados y solicitud de ingreso de inscripciones sobre el 0,15; 0,30; 0,009 y 0,018 % del salario básico unificado. Es decir, ahora cobran por las consultas que antes daban gratis.

Ana es una abogada que acude a tramitar pedidos al menos tres veces a la semana y tiene más de una década de experiencia en el campo. “Muchos años trabajando en escrituras y nunca tuve quejas, hasta ahora”. Por obvias razones, no quiere que su identidad sea revelada. “A raíz de que Zurita murió, empezaron los inconvenientes y los nuevos costos. Exagerados e injustos. Además de los inconvenientes para terminar los trámites. Es negativa tras negativa, y peor, negativa definitiva. ¿Todo para qué? Para que volvamos a pagar”.

Da ejemplos. Una donación a título gratuito que costaba $ 31,98 el año pasado, en la actualidad puede costar desde $ 270 en adelante, dependiendo del avalúo de la propiedad. Además, ahora cada acto se paga por separado, aunque ingresen en un solo trámite. Es decir, si antes se pagaba un solo rubro de cerca de $ 22 por una participación de herencia, que incluía la terminación de comunidad hereditaria y, por ejemplo, actualización de datos, hoy se cobra por cada uno de estos trámites mencionados.

Una notaria también habló con EXPRESO. Sostiene que el Registro se convirtió en una entidad recaudadora y que ha llevado casos que han pagado hasta $ 900 en trámites que con los nuevos rubros cuestan $ 300, debido a las negativas recibidas y la necesidad imperativa de volver a ingresarlos, pagando hasta tres veces el valor, algo que considera injusto “si se tiene en cuenta que la economía, después de pandemia, es mucho más difícil para los ciudadanos”.

De seis trámites a la semana, dos salen devueltos con negativa, cuenta, y no cree que sea casualidad. No importa cuál de estos sea: certificados de historia de dominio, actualización de datos registrales, terminación de comunidad hereditaria, partición de herencia… “Y lo peor es que no solo hay que pagarles a ellos, sino a las notarías, porque se debe hacer con nuevos documentos de todo”.

En la página del Registro de la Propiedad no está colgada aún la Rendición de Cuentas 2022. En la de 2021, la gerente, María José Castelblanco, que no habló a EXPRESO para este artículo, añade una carta en la que alardea de los dos millones de dólares entregados al Cabildo en enero de 2022.

Allí asegura que la empresa municipal “ha mantenido su estándar de calidad pese a las dificultades de la pandemia” y dice que superaron de forma exitosa la producción “sin incrementar los aranceles” de sus servicios.

Este 2023 la historia es otra. Habrá que ver cuántos millones entrega para obras este año el Registro de Castelblanco.

En esa última información también añade datos de las actualizaciones y los procesos de innovación que han tenido este tiempo. Eso, que atañe directamente al tipo de atención al cliente, es otra historia que usted podrá leer en la segunda parte, mañana.

• Sucursales

Hay atención personal (que deriva al servicio virtual) en CNEL del Malecón, en el pasaje Rosendo Avilés, en CNEL sur, en la Casa Rosada y en CNEL de la Garzota. Personal del Registro de la Propiedad ha confirmado que la gerencia decidió que no haya gente en matriz y habilitaron estos puntos fuera de allí.

• Voces internas

Funcionarios del Registro de la Propiedad consultados por EXPRESO califican el alto costo de los trámites como ansias de poder. “Quisieron demostrar eficacia sin preocuparse por la eficiencia. El dinero les importó más que calidad”. “Se han inventado muchos rubros para obtener ingresos. Es vergonzoso”.

• Ojo crítico

El planificador urbano Luis Saltos cree que cuando el Registro de la Propiedad quiera explicar el porqué de estos nuevos rubros debe decirle a la ciudadanía cuál fue el sustento técnico. Y afirma que de no presentarlo se sobreentenderá que las reformas aquí expuestas fueron creadas por una necesidad económica.

REGISTRADORA SE VA, PERO DEJA INFORME

El nuevo sistema falla. EXPRESO accede a un informe de gestión de la hoy exregistradora de la Propiedad de Guayaquil, Vilma Barba, en el que se notifica a la gerencia de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil de observaciones puntuales de las falencias que presenta un sistema informático aplicado por la entidad.

Se llama Sispra. Y de acuerdo a ese documento, redactado a finales del 2022, sus funcionalidades están incompletas, pues, entre otras cosas, no permite identificar los trámites que están relacionados, además, la evaluación o investigación jurídica no tiene una estructura y “no cuenta con profesionales idóneos”.

EXPRESO intentó comunicarse con la exfuncionaria, pero no hubo respuesta. El documento tiene 25 páginas y entre otros detalles menciona problemas en las búsquedas de documentos y fallas en el proceso de actualización de datos.

De allí devienen todas las demoras. La exregistradora lo ratifica en el documento. Dice que se ralentizan los trámites y que hasta el 21 de diciembre debió dejar 37 anulaciones y más de 2200 trámites pendientes por estas fallas. El 53% de los casos los tuvo ella.

También explica que hubo una sobrecarga de trabajo para ella desde el 15 de diciembre, cuando “se dispuso a los calificadores aprobar los trámites” en curso. Llegó a tener una acumulación del 70%. Luego dejó el cargo en el que estuvo luego de la muerte de Ivole Zurita, en mayo de 2022.

En el documento admite que la fórmula para evacuar esa cantidad de solicitudes es no ejercer control de calidad, “exponiendo las inversiones y los créditos inmobiliarios”.

En una circular interna, el 22 de diciembre, se notificó a Ana Ayala como nueva registradora (e) de Guayaquil.