En el juicio al excontralor hoy sentenciado por la justicia de Estados Unidos, se reveló que el exvicepresidente que guarda prisión tras su extracción de la embajada mexicana recibió, mientras estaba en el ejercicio de su función, varios millones de dólares por concepto de coimas. Esos millones mal habidos gracias a los actos de corrupción de la empresa constructora brasilera, que constituyó incluso un departamento para hacer efectivos los sobornos, es dinero del pueblo ecuatoriano que se debe recuperar. Y por supuesto, resulta también obligatorio sancionar a quien (o quienes) perfeccionaron el delito.

Las evidencias del proceso llevado a cabo en los tribunales norteamericanos permitirían a Fiscalía, en colaboración con la justicia de Estados Unidos, iniciar las investigaciones correspondientes en nuestro país.

Sin embargo, no ha habido hasta el momento ningún pronunciamiento por parte de Fiscalía ni de ninguna otra autoridad ecuatoriana, y mucho menos de los políticos que dicen estar combatiendo la corrupción. Tampoco ha habido una manifestación de repudio por parte de la sociedad, pese a que se trata de dinero de todos los ecuatorianos, que debió destinarse a educación, a salud, a vialidad y a un sinnúmero de necesidades apremiantes para el país.