Han pasado 10 días desde que la madrugada del 14 de agosto, los moradores de la Calle 8 del Cristo del Consuelo fueron víctimas de un explosivo ataque que produjo cinco muertos y más de 20 heridos. Tras el atentado, el presidente Guillermo Lasso declaró estado de excepción en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), sin que eso -como ha pasado antes, que se ha tomado la misma medida- frene la violencia que azota a Guayaquil; y que solo en este año ha convertido a la ciudadanía en los testigos obligados de escenas sangrientas y terroríficas.

Frente a esta situación y teniendo en cuenta que no se respira paz en el Puerto Principal, pese a que el Cabildo ha invertido -como lo ha promulgado hasta el cansancio- alrededor de $ 50 millones en seguridad para comprar camionetas, motos, radares, balizas ..., aunque de poco o nada ha servido para revertir el escenario; EXPRESO buscó a los precandidatos a alcalde de Guayaquil, para conocer cuál es su propuesta para devolverle la paz a la urbe.

De las 12 figuras, según consta en la lista oficial del Consejo Nacional Electoral, solo la alcaldesa Cynthia Viteri, quien se postula a la reelección y desde un inicio ha argumentado que la seguridad es responsabilidad del Gobierno, negó la respuesta a este Diario.

No precisó si, de ganar las próximas elecciones, cambiaría de estrategia o si continuará destinando fondos municipales a la compra de equipos o a dar alojamiento a los policías que llegan a la ciudad. Ayer, en un intento más por obtener una respuesta, a través de un correo electrónico, le preguntó si la reunión que tuvo el lunes pasado con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en la que acordaron elaborar “estrategias conjuntas” para enfrentar el problema (como ha venido reclamando la ciudadanía), respondía a un nuevo plan en el que entonces se enfocaría, pero tampoco hubo reacción.

Para el resto de postulantes, que contrario a la realidad actual, hacen énfasis -en su mayoría- en que sí es el deber de un alcalde, por ley, velar por la protección de sus votantes; la solución está en la creación de políticas públicas y en el hecho de cubrir las necesidades en los barrios, a fin de que su gente se apropie de los espacios, los proteja, y no se sienta ignorada.

Que Guayaquil vive las consecuencias de un “modelo que durante 30 años priorizó el desarrollo urbanístico de ciertas zonas, pero dejó de lado las políticas para construir una sociedad más equitativa”, aseguró el aspirante por la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez, quien de llegar a ocupar el Sillón de Olmedo, plantea invertir en educación y salud, y en la transformación del territorio, ya sea iluminándolos, dotándolos de áreas verdes y dándole voz a los líderes mediante la creación de los consejos de seguridad ciudadana; que -anticipa- se realizarán una vez por semana para identificar los riesgos.

María José Castillo, representante por el movimiento Sociedad Patriótica, de igual forma le apuesta a la construcción de comunidad, poniendo en marcha proyectos orientados al arte, la cultura, la música y el deporte, sobre todo para involucrar a los más jóvenes y alejarlos de las garras de las drogas.

“Hoy no hay propuestas claras, ni siquiera hay reflexión que precise por qué pasa todo esto en Guayaquil. Si el Municipio pierde el control, entonces pierde la naturaleza de su función, más allá de que sea su labor o no, y queda reducido simplemente a temas de registros de obras muy concretas. Por eso, mi propuesta va encaminada a trabajar en las periferias, pero desde la cuna y haciendo alianzas con todos los entes posibles: empresas privadas que puedan dar trabajo, universidades que puedan facilitar el estudio…”, detalló.

Respecto a este último punto, el de la educación, el representante por la alianza Unidad Popular - Pachakutik, Ecuador Montenegro, precisó que destinará parte de los fondos municipales a levantar pabellones en las universidades públicas, para que la asignación de cupos no sea un problema.

“El joven que no puede estudiar por no tener dinero y por no alcanzar un cupo, se decepciona, se pierde... Nosotros sí podemos invertir en la infraestructura, depende de los convenios. La Alcaldía sí puede cambiar ese futuro. Olvidémonos ya del adoquín, hay que trabajar en otros conceptos para cambiar la sociedad, pero de raíz”, indicó.

Aspirantes como Jimmy Jairala, de Centro Democrático, y Jonathan Parra, de Mover, tienen como prioridad, en cambio, hacer cumplir lo que dicta el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), frente a las responsabilidades de los GAD en materia de seguridad; y que, a decir del primero, no implica que se dote de implementos a la Policía únicamente, sino en que se tenga una política pública “ahora inexistente”.

“Hoy se confunde a la Corporación de Seguridad Ciudadana con el Concejo Cantonal de Seguridad... Política pública es contribuir a bajar los niveles de criminalidad con programas que eviten que los jóvenes se involucren en la comisión de delitos. Tener “mano dura” no es ni será jamás una política pública”, sentenció Jairala.

Parra, quien hizo énfasis en que de nada sirve destinar fondos en un monumento si no se empieza primero a proteger el bien más importante de la sociedad, que es su gente, aseguró que su oferta electoral incluye el incremento de policías metropolitanos, que pasarán a resguardar los corredores comerciales y turísticos. “Ellos dejarán de cumplir su principal función, que es la de dar garrote a los informales. Ellos resguardarán aquellos sitios que han dejado de ser visitados, por miedo al crimen, por las familias”, indicó.

Pedro Pablo Duart, de SUMA, al igual que Iván Tutillo, de Renovación, y Antonio Orbe, de Avanza, también centrará su estrategia en ese grupo humano.

“Son 1.700 personas, entre metropolitanos y agentes de la ATM, las que pueden equiparse con armas no letales para repeler al delincuente. Es allí hacia donde miraré. En la Zona 8, para los tres cantones, hay 4.600 uniformados, es insuficiente. Ahora, por lo tanto, hay que recuperar al barrio como eje principal, sí; pero los recursos debemos destinarlos a usar tecnología, colocar sirenas, resguardar colegios. Niños de 8 años están consumiendo. Esa es la lamentable realidad que hoy tenemos”, precisó Duart.

Postura: La intervención de las cárceles

Jorge Páez, de Democracia Sí, fue el único precandidato que en su propuesta habló de la necesidad de concesionar las cárceles, como lo ha hecho Chile en Latinoamérica, para mejorar el sistema.

Para él, aunque los espacios son responsabilidad del Estado, sí hay forma de llegar a acuerdos para lograr ese paso que, precisó, permitirá hacer una radiografía real de cada recluso, lo que permitirá saber a ciencia cierta cuántos hay, quiénes son sus familias, cómo fue pasado; lo que daría cabida y aceptación a proyectos sociales y académicos que logren un cambio real.

 "Es Europa sobre todo, concesionar los centros penitenciarios ha funcionado. Ha permitido que los reos puedan estudiar y trabajar. Acá sí es posible hacerlo. Lo ideal, que es a lo que apunto, está en que puedan prepararse y luego trabajar. Eso permitirá que del 100 % de dinero que ganen, porque claro, como pasa en el extranjero su mano de obra será pagada, el 25 % sea destinado a su familia y el resto se guardado en una especie de banquito que podrán utilizar una vez que salgan. Proyectos como estos incentivan, dan pie al cambio, que es lo que urge", pensó. 

Jhon Garaycoa, representante de Izquierda Democrática, planteó crear una app ciudadana con cuatro 4 botones a la acción: a) Seguridad;  b) Tránsito; c) Emergencia de salud; y d) Violencia intrafamiliar; y crear a la par un WhatsApp en la Corporación de Seguridad Ciudadana para poder transmitir o reportar en vivo novedades. "Los ciudadanos pasan a ser ojos, oídos y voces a favor de la seguridad", señaló Garaycoa; que promete habilitará además una oficina Anticorrupción en el Municipio.