Maestros destituidos en el correísmo claman amnistía

Han sido escuchados por representantes de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional y hasta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En cada una de estas instancias les han ofrecido reparar el daño causado en el gobierno de Rafael Correa y devolverles el empleo que perdieron por pensar y opinar diferente al régimen.

Se trata de un grupo de maestros que fueron destituidos hace más de 10 años por denunciar anomalías en el sistema educativo fiscal y por oponerse al cierre de las escuelas. Ellos han realizado varias acciones tendentes a lograr su restitución y ahora esperan que el poder Legislativo les otorgue la amnistía para poder regresar a las aulas con sus estudiantes.

Los demandantes, agrupados en la Coordinadora Nacional de Maestros Destituidos Víctimas de la Persecución Política Correísta, se concentraron ayer en los bajos del Palacio de Justicia de Guayaquil, ubicado en el centro de la ciudad, para informar las gestiones realizadas con miras a lograr el objetivo.

Williams Sarzosa Naranjo, miembro de la coordinadora, señala que la Asamblea debe analizar el informe elaborado por la Mesa de la Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más, organización que registra casos ocurridos entre 2007 y 2017, en contra de defensores de la naturaleza, de derechos humanos, líderes indígenas, activistas, maestros, periodistas y policías.

No respetaron mis derechos de mujer embarazada. Me despidieron y no me dieron lo que por ley me correspondía. Espero que haya justicia para todos los perjudicados.
- Nancy Bravo, exempleada de la exdirección de Educación del Guayas

“Los maestros fuimos perseguidos, agredidos y encarcelados por no estar de acuerdo con los delineamientos gubernamentales del correísmo”, menciona Sarzosa, quien fue destituido de la docencia en 2016 por oponerse al cierre de escuelas fiscales, que originó perjuicio a niños y jóvenes de comunidades urbanas y rurales.

Fui víctima de persecución política, a pesar de haber dado varios años de trabajo en beneficio de niños y jóvenes. Se debe reparar el daño causado a cientos de maestros.
- Kelly Apontes, exrectora del colegio emblemático Aguirre Abad

Jorge Itúrburu, quien hace ocho años fue separado del cargo de rector del colegio emblemático Vicente Rocafuerte de Guayaquil, menciona que los docentes cuentan con el apoyo de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien también fue víctima de la persecución correísta. “Nosotros queremos que los casos sean conocidos por las comisiones legislativas de Justicia y Garantías Constitucionales para que se nos otorgue la amnistía para recobrar nuestros derechos constitucionales”, añadió.

No podíamos opinar ni pensar diferente al régimen correísta porque enseguida había retaliaciones; pero yo no podía quedarme callado ante situaciones que perjudicarían a los niños.
- Williams Sarzosa, docente destituido de una escuela fiscal en Milagro

Charles Palacio, miembro de la coordinadora, explica que soplan buenos vientos en torno a este tema, ya que en la página 144 del mencionado informe consta su nombre y el de otros compañeros docentes que perdieron sus puestos de trabajo. “Nuestra destitución fue injusta y finalmente la Asamblea tendrá que hacerlo conocer a la sociedad”, exclamó, el profesor con más de dos décadas de experiencia en la docencia, que fue destituido por estar en contra del traslado de la escuela en donde se desempeñaba como director. “Eso involucraba que varios niños se quedaran sin un local cerca de sus casas para seguir estudiando”, remarcó.

A la concentración de los docentes también asistió una veintena de exempleados de la desaparecida Dirección Provincial de Educación del Guayas, quienes nunca fueron reubicados en otros cargos cuando esta entidad se extinguió para dar paso a la creación de los distritos educativos.

Nancy Bravo, quien trabajó en el área de supervisión escolar, recuerda que ella fue despedida en 2014, tras 19 años de servicio. “No les importó que en ese momento estaba embarazada y que tenía otros hijos pequeños que mantener. Me liquidaron y no me pagaron lo que por ley me correspondía”, dice indignada, quien desde esa época no ha podido conseguir trabajo.

Jaqueline Saint-Albin, quien ejercía el cargo de jefe administrativa, recordó que en 2011 el expresidente Correa reformó la Ley de Servicio Público a través del decreto ejecutivo 813. Allí se incorporó la figura de ‘renuncia obligatoria’, por la que se abrió el paso para el despido masivo de servidores públicos.

“Bajo esta modalidad, funcionarios públicos con más de 20 años de servicio fueron despedidos, con lo que el Estado evitó el pago de los derechos de jubilación patronal. Ahora que ese decreto fue derogado, exigimos que se nos restituya a nuestros empleos”, señaló.

Miembros de la coordinadora tienen previsto viajar a Quito la próxima semana para mantener una nueva reunión de trabajo con representantes de la Asamblea Nacional, en donde esperan tener resultados concretos a sus gestiones.