La lupa de la Fiscalía está puesta en el Municipio de Guayaquil. La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, dispuso la apertura de una investigación por presuntas irregularidades en el Cabildo porteño. Esto se da luego de que la alcaldesa, Cynthia Viteri, y el procurador síndico municipal, Cristián Castelblanco, dispusieran la “inmediata investigación” del comentado contrato del proyecto de arte urbano Letras Vivas, cuyo costo asciende a los 389.000 dólares.

Si bien el tuit de la Fiscalía indica que la indagación se da por “presuntas irregularidades” en el Municipio, no se especificó si estas se relacionan con el mencionado proyecto o con la actuación municipal en torno a Letras Vivas. EXPRESO consultó a la entidad sobre ello y desde el departamento de Comunicación se respondió que el caso se encuentra en investigación previa, por lo que es de carácter reservado, según lo dispuesto por el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Pero no es el único ente que iniciará pesquisas. El lunes 26 de abril, el Municipio también solicitó un examen especial a la Contraloría General del Estado sobre las labores de limpieza que tiene bajo su cargo la Fundación Siglo XXI, pero el documento recién fue enviado la tarde del martes 27 de abril.

En el oficio se detallan los 12 contratos de estos servicios ejecutados en distintos sectores de la ciudad en el 2020, y que fueron publicados por EXPRESO el mismo lunes 26.

Desde Contraloría se conoció que fueron recibidos dos pedidos de auditorías. “Se están analizando anteriores exámenes y sus alcances para ver si se inicia un examen sobre lo pedido”, afirmó la entidad a este medio de comunicación.

Bajo la mirada de abogados como Javier Guerrero, la decisión de la alcaldesa Viteri de que se investiguen estos contratos lo que busca es demostrar que no existe ningún tipo de irregularidad, aunque dice que esto no tendría que ser así. “A mi criterio, se está lavando las manos con el fin de decir que está ayudando en la investigación. ¿Es la vía correcta? No”.

Guerrero justifica su respuesta en que cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del país tiene sus propios organismos de control y departamento jurídico, por lo que cuestiona las primeras observaciones de estas contrataciones.

“Primero sería una investigación dentro y presentar una denuncia con posibles responsables, para darle más luces a la Fiscalía. Esto se lo pudo hacer a puerta cerrada y (luego) presentar con fundamento al responsable del tema. Más lo hacen con el fin de decir que se está haciendo algo y que la Fiscalía tenga conocimiento”, puntualiza el jurista.

Por su parte, el fiscal César Peña argumenta que la Fiscalía, muy aparte de la investigación municipal, podría iniciar una indagación de oficio por un presunto peculado, algo estipulado en el artículo 278 del COIP.

“Dentro de esa investigación no olvidemos que también entrarán peritos a informar sobre los contratos, y Contraloría también emitirá algún tipo de informe especial o con responsabilidad penal. De acuerdo con lo que se pueda determinar en la etapa de investigación, la Fiscalía pronunciará su petición si existen elementos para formular cargos hacia algún funcionario o pedirá el archivo”, explicó.

¿Cuánto puede durar este proceso? Peña calcula que hasta dos años aproximadamente, si se recaban todos los elementos informativos, pero por ahora solo queda esperar que los entes realicen su trabajo. “Habría que esperar las investigaciones y ver qué se determina. Una vez que estas estén en fase de finalización, se verá quién tiene responsabilidad y si existen dichas responsabilidades”.