Una culpa compartida. Que el hecho de no poder comer ni dormir a causa de los malos olores que generan las lagunas de oxidación de Guayaquil (Guayacanes-Samanes), y de -por la misma razón- tener que lidiar con constantes migrañas, alergias, erupciones de la piel y hasta daños en el pulmón, no es culpa solo del Cabildo como señalan los afectados, aseguran los consultados por este Diario. Que la culpa es también de la población que ha invadido ciertos sectores, advierten. Que la falta de planificación engloba todo el problema, sentencian.

Para el epidemiólogo Mario Paredes, especialista en salud pública, la sanción impuesta en contra de Interagua, por manejar inadecuadamente las actividades en esta laguna, evidencia que hay problemas y, asimismo, secuelas (sobre todo mareos y migrañas) generadas por la falta de control generalizada.

A su juicio, si la población se ha visto afectada por los gases que emanan las plantas de tratamiento, es porque el Municipio no inspeccionó adecuadamente la labor de Interagua, permitió que los asentamientos irregulares avancen a tal punto que ya son barrios; el Ministerio del Ambiente tampoco ejecutó un idóneo control y por el mismo crecimiento que ha tenido la ciudad.

“Se supone que en un inicio estas se encontraban fuera de los linderos urbanos, ahí no hubo equivocación... Ahora con la planta de Los Merinos (que de acuerdo a la agenda estará construida en meses), se espera que el problema acabe. Mas, si falla la planificación en veinte años estaremos hablando del mismo problema. La diferencia será que lo percibirán otros barrios”, precisó.

La misma opinión la comparten algunos asambleístas y el especialista en Agroecología y Desarrollo Sostenible, Xavier Salgado, quien a fin de fijar sanciones más severas y a todos los entes implicados, advierte que es necesario que se haga un estudio de campo, gestionado por los ministerios de Ambiente (MAE) y Salud, la Dirección municipal de Ambiente y la Defensoría del Pueblo.

“De confirmarse los daños en la salud, la Defensoría podría iniciar un proceso legal, que evitaría afectaciones futuras. Sería lo ideal, claro que sí. Pero que se cumpla no es más que todavía un anhelo”, advierte.

Frente a esta situación y al hecho de analizar sobre quién recae la responsabilidad de lo que está ocurriendo, EXPRESO solicitó un detalle de las acciones que se hicieron en la administración pasada al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, debido a que ya en su administración decenas de familias denunciaron vivir un calvario por los olores que emitía la planta; pero a través de un comunicado se limitó a decir que las preguntas hay que hacérselas directamente a Interagua y a Emapag, o pedir los registros de lo que se ha venido haciendo hace décadas al Cabildo.

Esta semana, EXPRESO preguntó al Municipio si existen incluso estudios de impacto sanitarios o medioambientales que detallen el grado de afectación que ha sufrido la ciudadanía, y cuáles han sido los resultados y acciones tomadas, pero no ha emitido respuestas. Este Diario también solicitó, sin suerte, explicaciones al MAE, señalado asimismo por los consultados de haber permitido que la afectación gane terreno, pero la reacción fue la misma: silencio.

“Lamentablemente eso es lo que siempre hay: silencio. Y es que con respecto a estos temas, que marcan el buen vivir de la sociedad, ni el Cabildo, ni la concesionaria, ni los más altos entes reguladores, así como los asambleístas del Guayas, alzan la voz o salen al rescate del Puerto Principal, su ciudad. Aquí toca nada más defenderse como pueda, o acostumbrarse a vivir entre olores nauseabundos”, se quejó Hólguer Santos, habitante de la ciudadela Guayacanes, una de las afectadas.

El asambleísta socialcristiano Luis Almeida conoce de esta problemática y puntualiza que hay varios culpables, por lo que califica como “urgente” la construcción de la planta de tratamiento Los Merinos, pero no deja de responsabilizar sobre todo a la concesionaria. “Aquí lo que urge es que la empresa de alcantarillado actúe para que solucione el problema, y más compromiso por parte de la Alcaldía. La multa incluso debió ser más alta ($ 80.000)”, aseveró.

El legislador Marcos Molina, quien es el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, no titubea en decir que la responsabilidad es compartida, pero señala que todo parte de quien está al frente de la administración de la ciudad.

El también médico da sus argumentos: “La ley manda, prohíbe o permite, y en este caso, se ha permitido hacer cosas que están en contra de la ley. Estaré en contra de los administradores que han permitido que se hagan estas cosas y, naturalmente, son los responsables”.

¿Es posible que este caso sea llevado a la Asamblea, como ha sugerido la comunidad? La asambleísta por Guayas, Distrito 2, Victoria Desintonio, manifiesta que sería factible si es que la normativa lo permite. “Pero el debido proceso implica agotar las áreas administrativas”, acotó.