Las movilizaciones realizadas por maestros, médicos y servidores públicos para exigir el pago puntual de sus haberes lograron sus objetivos.

El juez de la Unidad Judicial Civil, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Carlos Fuentes, aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados a los servidores públicos del país.

Con esa resolución declaró la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica.

Como medidas de reparación se dispuso que el Presidente de la República defina con sus ministros, políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos del país.

A través de la sentencia se dispone que el Ministerio de Finanzas cancele de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público, tanto de las administraciones centrales como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Además, que se disponga el pago de los valores del seguro social obligatorio de las y los servidores públicos.

En la sentencia se establece que el Ministerio de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones en los primeros cinco días de cada mes a toda la nómina del sector público del país, y que el Ministerio de Trabajo aplique el control efectivo de cumplimiento de esta disposición.

En las últimas cuatro semanas, maestros, médicos y servidores públicos han salido a las calles a exigir el pago de sus haberes. El sueldo de julio ya fue cancelado y está pendiente las remuneraciones de agosto.

La Unión Nacional de Educadores (UNE), que agrupa a maestros del sector fiscal, fue uno de los gremios que realizó varias jornadas de protestas, como marchas, plantones, crucifixiones simbólicas, cacerolazos y hasta un apagón digital por la falta de recursos para pagar la planilla del consumo de internet que utilizan para impartir las clases desde sus casas, ya que las actividades presenciales están suspendidas por la pandemia mundial por la COVID-19.

Hilario Beltrán, presidente de la UNE-Guayas y quien actuó como ‘Amigo del Tribunal’ (Amicus Curiae), dijo que junto a la Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante del cumplimiento de la sentencia emitida por el juez.