El panorama de las unidades educativas fiscales sigue siendo desolador. Lo dejan ver las autoridades educativas y lo confirman los padres, quienes han tenido que colaborar no solo con mingas de limpieza para darles mantenimiento; también lo han hecho con recursos y otras actividades, para que sus hijos no tengan que recibir clases en situaciones deplorables.

Los presidentes de comités centrales de padres de familia de varias unidades educativas públicas emblemáticas de Guayaquil visitaron EXPRESO para dar a conocer los problemas de infraestructura de los locales, a más del descuido por parte del Gobierno, que poco hace para intervenirlos.

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Frente a esta situación formulan propuestas que pueden cambiar este triste panorama.

Javier López Moreta, presidente del comité central de padres de familia del Rita Lecumberri, asegura que los problemas de las escuelas y colegios públicos tienen como denominador común la falta de agua potable, los baños en mal estado y los pupitres deteriorados. Algunos registran daños en sus instalaciones eléctricas o tuberías de agua; mientras que otros tienen aulas, paredes, techos y laboratorios a punto de colapsar.

A ello se suma la falta de profesores, así como la escasez de conserjes encargados del aseo e incluso de guardianía de los establecimientos educativos, desde hace ocho años, como ha informado EXPRESO en diferentes ediciones.

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En el caso del Rita Lecumberri, donde se educan más de 2.200 alumnos, señala que este deterioro no es un problema originado por la pandemia o las fuertes lluvias, pues desde antes de eso ya estaba en mal estado.

“Ahora los inconvenientes se han acentuado, dejando al descubierto el olvido en el que se encuentra; pero gracias al aporte de los padres los estamos superando de a poco”, reitera, al mencionar la adquisición de pizarras, arreglo del mobiliario, compra de ventiladores y colocación de luminarias, gracias a la autogestión.

“No tenemos la obligación de hacerlo, pero asumimos esta responsabilidad porque las autoridades no lo hacen. Estas manejan un presupuesto que no sabemos en qué lo invierten, porque no se ven mejoras por parte de ellos”, reclama López, quien se queja de la poca colaboración de los directivos del plantel y del Distrito Educativo, para seguir apoyando en las mejoras.

Édgar Chóez, presidente del comité de padres del Vicente Rocafuerte, añade que hay males que tienen que ser solucionados por las autoridades.

Entre ellos menciona la falta de inspectores, que son los encargados de vigilar a los alumnos. “No hay quien controle a los chicos dentro de los colegios, por eso es que el consumo de droga se da al interior de estos en algunos casos”, sostiene.

Señala que este plantel de ocho hectáreas, donde se educan 4.400 jóvenes, solo tiene un conserje y desde hace 10 años no hay un médico escolar. “Los padres quisimos contratar estos servicios, pero desde el Distrito Educativo hubo impedimento. Ellos no hacen, pero tampoco dejan hacer”, cuestiona.

Por eso surge el planteamiento de eliminar estos entes “que no informan a las autoridades superiores las falencias existentes dentro de los establecimientos educativos, lo que nos ha llevado al deterioro tanto en la infraestructura como en la calidad educativa de la mayoría de los planteles”, recalca Chóez.

Al pedido se une Eduardo Mera, presidente del comité del Veintiocho de Mayo, donde hay 3.200 alumnos matriculados y una serie de necesidades que se repiten todos los años.

A través de una carta dirigida a las autoridades gubernamentales, él y los otros representantes proponen la autonomía económica de los planteles fiscales. 

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Sugiere que el 15 % del presupuesto anual del Ministerio de Educación se transfiera directamente a las unidades educativas; y que los valores que esta cartera de Estado no logre ejecutar al cierre el año fiscal, se transfieran al siguiente año a los colegios, para que sean administrados por los rectores y el comité de padres. 

“Desde hace mucho tiempo hemos dado la cara a las necesidades de los locales y con recursos propios, tantos económicos como físicos, los hemos sacado adelante evitando el colapso del sistema educativo”, manifiesta Mera.

Pedro Coello, representante del Dolores Sucre, apoya el enunciado, que consta en un documento firmado por siete representantes de comités de padres de colegios emblemáticos.

Explica que se adhirió porque en este último plantel las aulas no están en buen estado. Por ello, cerca de 1.000 estudiantes reciben clases en paralelos prestados por el Veintiocho de Mayo.

“La infraestructura del colegio está deteriorada. Faltan profesores y los alumnos no tienen bancas donde sentarse”, puntualiza, al insistir en la necesidad de descentralizar los recursos para que lleguen a los colegios.