La crisis económica, agudizada por la pandemia del coronavirus y el incumplimiento de los padres de familia en el pago de las pensiones de sus hijos, golpea duro a la educación privada del país que mira como salida el cierre de sus unidades educativas. Los gremios de este sector buscan una salida a la problemática, a través de la aprobación de un texto legal que garantice a las instituciones educativas el derecho a cobrar la deuda.

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Solo en los últimos 15 días más de 25 colegios han cerrado sus puertas en el régimen Costa. Los primeros en hacerlo fueron los particulares populares, conocidos así porque el valor de matrículas y pensiones está por debajo de los $ 50, entre los que se encuentran una decena de planteles de la Red Educativa Arquidiocesana de Guayaquil.

Pero también están algunos con muchos años de trayectoria como el Santa Luisa de Marillac, Fundación Nuevo Mundo, Antares, entre otros, que ya no atenderán este año lectivo que oficialmente comienza el próximo 1 de junio. Hay más planteles que podrían correr con la misma suerte.

Las cifras las proporciona Rómulo López Seminario, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), basado en los reportes obtenidos por los directivos de la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos del Guayas (Fedepal), Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación (Corpeducar, Guayas) y la Federación de Establecimientos de Educación Confesional del Ecuador (Fedec). Estos señalan que en los últimos 10 años aproximadamente 1.000 centros han dejado de funcionar.

Esta situación ha generado un incremento de la tasa de desempleo de profesores y colaboradores de este sector, atrasos en el pago de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), retrasos en pagos de sueldos, incumplimiento de las fechas de pagos en el Servicio de Rentas Internas, entre otros.

Debido a la morosidad de los padres de familia en el pago de las pensiones de sus hijos, así como la disminución en el número de estudiantes matriculados, los establecimientos particulares y fiscomisionales, que acogen a un número cercano a 1’200.000 estudiantes, comenzaron a sentir la falta de recursos que descuadra su presupuesto cada año.

Esto ha puesto en apuros al sector educativo fiscal que se ha visto presionado de atender la migración de cerca de 30.000 alumnos que van llenando la capacidad de sus centros de estudios que, en su mayoría, no cuentan con una correcta planificación. No obstante, el Ministerio de Educación asegura que hay cupos para todos.

El principal problema del sector educativo particular es la cartera vencida que promedia entre el 40 % y 60 %, por la morosidad de los padres que, según los representantes de los gremios, está respaldada por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (artículo 140) que entró en vigencia en 2011.

Esta prohíbe negar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de pago de pensiones. También señala que si un menor desea cambiarse de colegio a medio año lectivo lo podrá hacer a pesar de la falta de pago en pensiones, y el plantel no podrá negarse a entregar la documentación respectiva para facilitar el cambio.

A pesar de existir normativas que permiten a los planteles negar la renovación de la matrícula y adoptar acciones legales para recuperar lo adeudado por los representantes, estas acciones han sido de poca ayuda.

El Proyecto de Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, aprobado por la Asamblea Nacional la semana pasada y puesto en consideración del presidente de la República, Lenín Moreno, en la parte pertinente al servicio educativo, también conlleva un ‘réquiem para la educación particular’ al obligarla a prestar un servicio sin que pueda cobrar los costos que este genera.

“Esto es un acto de irresponsabilidad jurídica que provocará una crisis de impredecibles consecuencias para este sector”, vislumbra el educador, quien ve una salida a la problemática del sector en la existencia de un texto legal que garantice a las instituciones educativas el derecho a cobrar la deuda; es decir, que obligue al padre de familia a pagar el valor libremente pactado.

A través de una carta enviada al primer mandatario, los dirigentes de los gremios de la educación particular han pedido que vete esa parte de la ley y proponga soluciones equitativas.

Un inciso incluido en la ley podría salvar de la debacle a este sector educativo: “Terminado el estado de excepción y para garantizar el derecho a la educación de los menores, los estudiantes cuyos padres incumplan las obligaciones contraídas con la institución educativa, por dos o más meses, serán reubicados por los distritos educativos en una institución particular o fiscomisional de menor valor o institución pública, una vez recibido los documentos del menor de la institución de procedencia”.

Este párrafo ya había sido incorporado en el punto final del artículo 3 de la ley, por el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, Jimmy Candel; pero inexplicablemente se lo omitió durante el segundo debate y aprobación, menciona Abelardo García Meneses, presidente de Corpeducar Guayas.

“Esperamos que el Gobierno entienda que la única manera de salvar la educación particular de la quiebra es incluir ese párrafo”, destaca, al asegurar que si no se lo hace esta podría desaparecer.

Los asambleístas Candel y Dallyana Passailaigue se han pronunciado en contra de la ley aprobada y dicen tener la percepción de que “existe una intención macabra de terminar con la educación particular”.

Pero García recalca que la educación privada es un complemento de la fiscal y si desaparece llegará un momento en que la pública no tendrá la capacidad para albergar a los estudiantes de los centros cerrados.

A la espera de pronunciamiento del Ejecutivo

La aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario sigue creando reacciones. En la Asamblea Nacional se está a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo, quien tiene 30 días de plazo para sancionarla u objetarla; sin embargo, ahora el debate se reabrió en el Legislativo ante el planteamiento de los presidentes de las agremiaciones de instituciones educativas particulares y fiscomisionales de la Costa, Sierra y Amazonía, que piden al presidente Lenín Moreno un veto parcial al artículo 3 de la ley aprobada por los asambleístas, referente al cobro de las pensiones escolares.

Legisladores consultados por EXPRESO tuvieron diversas posiciones sobre lo que ha ocurrido con la educación particular; sin embargo, hubo una coincidencia entre ellos, todos apoyan la propuesta de una objeción a los textos aprobados por una mayoría de 74 legisladores.

Las visiones son distintas, unos consideran que durante los doce últimos años ha existido una posición desde el Gobierno por “desaparecer” a la educación particular.

Desde otra óptica se señala que los dueños de los establecimientos ven a la educación como un negocio, dejando de lado el bien común que es el niño, y que la normativa está dirigida a las instituciones que tienen pensiones muy altas.

En lo que también coincidieron los asambleístas es en que el sistema público no está preparado para recibir a los estudiantes de las instituciones particulares, por lo que reiteran la necesidad de que el Estado colabore con un subsidio a los colegios por los estudiantes que no puedan, justificadamente, pagar, o también dando becas, para que estas instituciones puedan seguir brindando sus servicios y evitar el cierre. (RRH)