Luego de EXPRESO publicó una nota en la que dio a conocer el planteamiento de una ordenanza elaborada por el comité del barrio patrimonial del Salado, con el propósito de erradicar la prostitución de la zona, al igual que en las turísticas y regeneradas; el Municipio respondió a este Diario diciendo que ya hay un estatuto que regula esta actividad.

Se trata de la Ordenanza Reglamentaria de la Zona de Regeneración Urbana del Centro de la Ciudad, aprobada en el 2003 y cuyo cumplimiento controlará la Dirección de Justicia y Vigilancia, dentro del ámbito de sus competencias, proponiendo las “reformas que fuera menester a dicho cuerpo normativo, de considerarlo pertinente”.

Pero esta contestación ha dejado un sinsabor en el vecindario. Así lo afirma Gustavo Rivadeneira, líder comunitario, quien está cansado de ser testigo de los problemas que se dan en torno a esta problemática, que van desde peleas hasta actos indecorosos en la vía pública.

“¿Por qué Justicia y Vigilancia no hizo valer esta ordenanza desde hace más de 10 años que fue creada? ¿Por qué la Policía Metropolitana tampoco ha tomado cartas en el asunto? ¿Qué intereses impulsan a ambos departamentos municipales a hacerse de la vista gorda?”, cuestiona Rivadeneira, al decir que las personas que se dedican al trabajo sexual ya no llegan solo en la noche, sino que se instalan fuera de establecimientos desde las 17:00.

Con él coincide Pablo Kuonyeng, quien lleva 22 años habitando en el barrio y lamenta que cada vez se vea a más personas ejerciendo esta actividad, que deja como resultado un barrio apagado y con emprendimientos que no despuntan como quisieran.

Él solicita que el Cabildo ejecute patrullajes y que estos sean a diario. “La prostitución nos afecta en nuestro derecho al buen vivir y a la economía. Nuestras propiedades bajan de precio por encontrarse en un sector peligroso”, argumenta.

Tanto Kuonyeng como Rivadeneira le exigen a la autoridad que no solo cumpla con la normativa, sino que también efectúe las reformas del caso. “Se observa inatención e indolencia. ¿Qué sanción recibirán? Si las retiran, estas personas regresan y no hay solución. Esperamos acciones efectivas”, concuerdan.

En la respuesta del Cabildo, suscrita por Cristián Castelblanco, procurador síndico, y Xavier Narváez, director municipal de Justicia y Vigilancia, se detalló que la ubicación de las trabajadoras sexuales ha sido un asunto de “permanente colaboración con la Policía Nacional y se ejecuta a través de la Gobernación del Guayas”.