Hidroeléctrica
Coca Codo Sinclair: Ecuador aceptará la hidroeléctrica con fisuras y devolverá garantías
Las fallas en los distribuidores de esta planta dieron pasó a un arbitraje internacional en 2021. Pero la Celec y Sinohydro desistieron de esta controversia

En los distribuidores de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se han identificado más de 17.000 fisuras.
Lo que debes saber
- Ecuador avanza en la recepción definitiva de Coca Codo Sinclair aunque persisten fisuras en los distribuidores.
- El acuerdo arbitral permite dar por cumplidas obligaciones pendientes, habilitando el cierre del proyecto.
- Con la recepción de la central, el Estado ecuatoriano debe devolver también las garantías a Sinohydro.
Ecuador se encamina a recibir de forma definitiva la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), la más grande del país, pese a las fallas identificadas en su infraestructura, entre ellas miles de fisuras en los distribuidores, que son una parte clave de esta planta. Este proceso no responde a la solución técnica de estos problemas, sino a un acuerdo arbitral alcanzado de manera mutua entre la constructora china Sinohydro y el Estado ecuatoriano.
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Así, luego de haber operado esta hidroeléctrica con un acta de recepción provisional desde noviembre de 2016, Sinohydro notificó el 6 de abril de 2026 a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) que debe suscribir el acta de recepción definitiva en un plazo de 15 días tras la emisión del laudo. Según el oficio plantea como fecha límite el 17 de abril de 2026.
CCS, que opera desde 2016 y aporta cerca del 30 % de la energía de Ecuador, no había sido recibida oficialmente debido a las fallas detectadas. Entre ellas, más de 17.000 fisuras en los distribuidores. Estos componentes reciben el agua que viene con fuerza desde el túnel de descarga para luego redirigir el agua hacia las turbinas de generación que tienen capacidad para aportar hasta 1.500 megavatios (MW), según su diseño.
Por las deficiencias técnicas encontradas, la Contraloría General del Estado dispuso en 2021 realizar una evaluación técnica de la obra antes de su recepción formal. Además, estableció un perjuicio para el Estado de $165 millones, asociado a incumplimientos y fallas estructurales.
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Además, en mayo de 2021 la Celec presentó un arbitraje en contra de la empresa China ante la Cámara de Comercio de Chile. En esta instancia Ecuador reclamaba $580 millones como remediación ante los defectos estructurales identificados en la central hidroeléctrica, construida por Sinohydro. Pero cuatro años después desistió de este proceso.
Ecuador abandona el arbitraje tras acuerdo con China
Para Luis Alberto Andrade, especialista en Contratación Pública, el retiro de un arbitraje se realiza cuando una de las partes considera que no tiene “las cartas” suficientes para ganar.
El gobierno actual tomó la decisión de zanjar esta controversia luego el acuerdo pactado en junio de 2025 en Beijing, entre el presidente Daniel Noboa y su homólogo chino, Xi Jinping, durante una visita oficial para firmar un contrato de operación y mantenimiento de esta planta con PowerChina, que es la casa matriz de Sinohydro.
El Ministerio de Ambiente y Energía informó meses atrás que con la entrega de CCS a PowerChina, Ecuador obtendrá $200 millones para la construcción de un proyecto eléctrico y $200 millones como compensación por el retiro del arbitraje. En total, serán $400 millones.
El nuevo acuerdo con Sinohydro cambia las reglas
En la situación actual, el documento enviado por Sinohydro señala que varias obligaciones pendientes ahora se “reputan (consideran) cumplidas” de forma irrevocable.
Es decir, Ecuador deberá aceptar esta obra pese a que Sinohydro reconoce no se ha cumplido con:
- Lista de ítems pendientes
- Corrección de defectos
- Indemnización por demora en la recepción provisional
- Proyecto en condiciones operativa
- Satisfecho todas las otras obligaciones del contratista
Esto significa que, aunque esos problemas existían, pasan a considerarse resueltos en el plano legal, lo que permite cerrar la etapa de compleción del contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés) para la recepción definitiva. y avanzar hacia la recepción definitiva.
Fallas superadas y garantías liberadas
El mismo acuerdo Sinohydro redefine qué se evaluará en la inspección final. Solo se considerarán como deficiencias los problemas que queden fuera del convenio arbitral. En la práctica, esto implica que parte de los defectos e ítems pendientes (que fueron parte del arbitraje) ya no serán considerados fallas en la revisión final.
El convenio también establece que, una vez firmada el acta de recepción definitiva, la Celec deberá devolver las garantías entregadas por Sinohydro en el contrato.
Estas incluyen:
- Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato EPC
- Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
- Garantía de Sustitución de Retención y
- Garantía de Buen Funcionamiento y Ausencia de Defectos de los Distribuidores
Diario EXPRESO conoció que en promedio estos respaldos bancarios representan alrededor de $200 millones. Se trata de un monto similar al que prevé recibir el gobierno del presidente Noboa como compensación de parte de PowerChina por el retiro del arbitraje.
Fallas se trasladan a otro contrato
Además, el acuerdo señala que en el caso de identificarse nuevos defectos e ítems pendientes pasarán a ser atendidos bajo un nuevo contrato de operación, administración y mantenimiento (AOM), a cargo de un tercero.
Esto implica que el contrato original de construcción se cierra, mientras las obligaciones técnicas continúan en otro esquema contractual.
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Para Andrade este tipo de prácticas evidencia “una desesperación por inaugurar algo en el sistema eléctrico”. Sin embargo, refiere que los organismos de control deberán determinar si haber suspendido el arbitraje con Sinohydro y recibir una obra en las condiciones expuestas no es lesivo para el Estado ecuatoriano.
Y si lo es, recuerda que “todos los servidores públicos son responsables administrativa, civil y penalmente por su acción u omisión en el manejo de los recursos públicos, dice el artículo 233 del la Constitución”.