Una infracción complicada de observar. Las reformas al Código de la Democracia instauraron nuevas reglas, entre ellas, las sanciones a la violencia política de género. Es el primer proceso electoral con estas nuevas directrices del juego que buscan combatir expresiones y decisiones de autoridades, candidatos y otros que puedan restringir derechos, el accionar o el ejercicio de las funciones propias de un cargo, con mayor énfasis a favor de las mujeres.

Ese es el lado bueno. Lo no tan bueno es que observar su tajante cumplimiento es difícil. Solo la provincia del Guayas, sin contar el resto de provincias y distritos electorales del exterior, registra 335 aspirantes a asambleístas principales en sus cuatro distritos. Que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) puedan observar cada entrevista en medio de comunicación, cada intervención en evento electoral, cada expresión publicada en redes sociales para cerciorarse que no existan manifestaciones de violencia política, a criterio de Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, es prácticamente imposible. “El hecho de la capacidad del CNE para observar, monitorear y luego sancionar, si es que amerita, es efectivamente imposible y no porque no quiera, sino que hay tantos candidatos por lo que es imposible el control de los espacios públicos y donde los candidatos manifiesten sus opiniones o quieran circular sus propuestas”, acota.

La candidata vicepresidencial por Unión Ecuatoriana, Katherine Mata, rompió relación con su compañero de fórmula, entre otros motivos, por violencia política, dijo, pero no existe una denuncia presentada ante el TCE. En estos primeros días de campaña trascendió una denuncia de supuesta violencia política de género hacia un candidato presidencial que fue archivada por no reunir los requisitos y otra contra un aspirante a legislador que sigue su trámite. 

La denunciante y activista de la comunidad LGBTI, Diane Rodríguez, cuenta que no solo es complicado estar tras la pista de estos casos, sino que también lo es presentar las denuncias ante el TCE. Rodríguez narra que tuvo algunos traspiés para encontrar información previa a la presentación de la denuncia, como saber si debe ser presentada con la firma o no de un abogado, o si se presenta en el Tribunal o el Consejo Electoral. “Creo que hace falta mucha difusión con respecto a los mecanismos que podemos utilizar para poder llegar con un posicionamiento claro y denuncia clara al Tribunal cuando uno presenta una denuncia”, relata la activista.

En un conversatorio sobre la violencia política de género, el presidente del TCE, Arturo Cabrera, explicó que para realizar la denuncia de este tipo existen dos instancias: ante un juez electoral designado o frente al pleno del Tribunal. Ambas están dentro de la norma que regula los trámites del TCE.

Pero esta es una parte que no resuelve el evidente problema de cubrir lo más que se pueda los discursos de los candidatos e identificar expresiones que puedan enmarcarse en este tipo de violencia. A decir de Hidalgo, como una forma de minimizar episodios manchados con este tipo de violencia, el CNE debe acordar con las organizaciones políticas un pacto de no agresión como lo hará Participación Ciudadana. En estos días, relata la directora, enviarán cartas a los candidatos presidenciales para que asuman este pacto de no agresión.

No solo eso. La vigilancia de la sociedad civil debe ser un apoyo para la autoridad. Participación Ciudadana está por publicar un primer reporte en este sentido de casos de violencia política a mujeres y hombres. Rodríguez, en esa línea, asegura que seguirá atenta y observando posibles casos de violencia de género, entendiendo esta última palabra no solo a mujeres, sino también a hombres.

Algunos casos 

• Gerson Almeida.  El candidato presidencial por el movimiento Ecuatoriano Unido fue denunciado por supuesta violencia política y de género por expresiones en una entrevista en un medio de comunicación digital. El caso fue inadmitido porque los denunciantes no respondieron a tiempo a un requerimiento del juez.
• Universi Mejía. El aspirante a legislador de la alianza Honestidad 17-51 fue denunciado por supuesta violencia política y de género. El caso fue admitido a trámite en el Tribunal Contencioso Electoral. La última notificación solicitó al denunciante que, en el plazo de dos días, señale el lugar de citación de Mejía.