Pese a las altas y alarmantes cifras por violencia machista que se registran en el Ecuador, los resultados de la nueva Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, cuyos principales resultados fueron publicados ayer por EXPRESO, señalan que más del 80 % de las consultadas que fueron víctimas de violencia en un ámbito en específico nunca denunciaron ningún tipo de hecho. 

Sin embargo, más de la mitad aseguraron haberlo hablado con un conocido en algún momento de su vida.

Las estadísticas varían según el tipo de violencia y el ámbito en el que se perpetúa: educativo, laboral, social, familiar y dentro de una relación de pareja, pero todas siguen el mismo patrón (ver gráfico).

El porcentaje de no denuncia es mayor en el ámbito educativo, donde el 98,1 % de las mujeres que confesaron recibir algún tipo de agresión psicológica durante su estadía en un centro educativo decidió no presentarlo a la justifica. La cifra baja ligeramente cuando se les pregunta por si denunciaron la violencia sexual (96,6 %) o la física (96,6 %), pero sigue siendo alta.

Los resultados descienden del 90 % solo en el ámbito ‘vida en pareja’, donde un 19,5 % de las encuestadas sostuvo que sí denunció algún tipo de agresión sexual o patrimonial. Un 80,5 % de ellas decidió no acudir a la Fiscalía.

Aunque se muestra que la mayoría de las mujeres no se atrevió a contar la situación ante el Ministerio Público, la encuesta revela que, en todos los ámbitos y tipos de violencia, más del 50 % de las mujeres sí lo comentaron con alguien.

Para Beatriz Bordes, quien trabaja desde hace más de 40 años en prevención de la violencia contra la mujer desde la Fundación María Guare, el pasar de contar a denunciar un hecho de violencia conlleva un salto muy difícil. La experta asegura que el silencio es el resultado de varios factores, pero el principal es que las víctimas no reciben apoyo de su círculo social y familiar.

“Cuando una mujer quiere salir del círculo de la violencia que existe dentro del hogar primero piensa en el qué dirán, en qué pasará con su familia y cómo consigue trabajo. Su familia política se convierte en su enemiga y los vecinos y amigos ponen en duda su palabra y ensalzan al agresor”, señala.

Varias de esas razones están dentro de la estadística que realizó el INECen 2011, en el que solo se aborda la violencia de pareja. En aquel documento, el 52 % de las mujeres que habían sufrido agresiones señaló que no se separaría de su pareja porque “deben superar sus dificultades y mantenerse unidos”, el 46 % minimizaba los problemas y el 16,7 % señalaba que no cuenta con el apoyo de nadie y le da miedo.

Una circunstancia que se agrava en ámbitos como el educativo o laboral. “Si quieres denunciar al jefe es un calvario porque son personas con mucho poder social. Sus propias compañeras lo califican de íntegro e incapaz y la culpan a ella por supuestamente provocar. Entonces ellas optan por solo contárselo a alguien cercano y luego renuncian al trabajo”, reflexiona Bordes.

Con ella coincide María Lourdes Rosales, representante de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas, quien además añade otra razón: las fallas del sistema. “Aunque supuestamente ha mejorado para que una mujer denuncie y tenga todas las facilidades, eso no es cierto. Aún hay muchas trabas, empezando por quien recibe esa primera llamada de auxilio”.

Rosales menciona que muchas mujeres a las que ella ha representado decidieron abandonar el proceso porque, como parte del círculo de la violencia, regresan con el agresor. “Me da mucha tristeza decirlo, pero por eso es que hay que trabajar desde la educación”.

Es por esta razón que la abogada reprueba la disminución del presupuesto que tendrá la política de lucha contra la violencia machista para el 2020 y 2021. “El Estado está en deuda con estas mujeres. No se prioriza este problema. El presupuesto no debe bajarse, al contrario, debería incrementarse para que preste un real servicio”.

El Gobierno pretendía destinar solo 900.000 dólares en la nueva proforma presupuestaria para la política de prevención de violencia de género, algo que fue cuestionado por la Asamblea, que pedía 9 millones. Al regresar el texto desde el Ejecutivo, el martes pasado, la cifra se había aumentado ligeramente a 1,6 millones.

Al respecto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó a EXPRESO que la reducción se dará en programas y campañas específicas y que, de todos modos, el Gobierno está realizando revisiones para poder destinar más recursos a asuntos prioritarios como la lucha contra la violencia de género y la prevención del embarazo adolescente.