Con la resolución de la jueza Grimanesa Erazo que revocó las medidas cautelares en favor del exalcalde Jorge Yunda, el vicealcalde Santiago Guarderas asumió el cargo este lunes 19 de julio cerca de las 21:00.

Guarderas llegó al Concejo Metropolitano de Quito en compañía de un grupo de concejales que lo apoyaba.

"No hemos tenido ningún otro afán que servir responsablemente a la ciudad porque para eso fuimos elegidos", señaló.

Indicó que los actos de corrupción y la ineficacia administrativa obligaron al Concejo a tomar la decisión de remover al alcalde cumpliendo con su tarea fiscalizadora en los términos y condiciones establecidas en la ley.

Insistió en que en el proceso de remoción se observó estrictamente el debido proceso, incluso exagerando la prudencia para que los ciudadanos vean que se ha respetado la ley y los derechos de los afectados y de  habitantes de la capital.

Añadió que esperaron pacientemente que el alcalde utilice todos los instrumentos legales en su defensa, aún en abuso de ellos, conjuntamente con jueces y "servidores judiciales inescrupulosos ahora investigados por el Consejo de la Judicatura".

Añadio que como todo tiene su fin "ha llegado la hora de dar por concluido este penoso capítulo en la historia de la capital".

Señaló que es hora de pensar el el futuro de la capital y en la contribución que todos pueden hacer para la recuperación. Ofreció poner todo en orden así como la revisión de los presupuestos y las obras en ejecución para en el plazo más corto presentar un proyecto de recuperación económica. Mencionó temas como el Metro, la seguridad  ciudadana, recolección de basura, reparación de vías y otros.

Invitó a los concejales que apoyaron por la remoción y a los que no a contribuir en la restauración de la ciudad.

Finalmente solicitó el apoyo del gobierno, los exalcaldes, los gremios, academia y medios para conseguir devolver la confianza en el futuro.

Mientras tanto el exalcalde Yunda se pronunció en su cuenta Twitter. "Señor @santiguarderas, el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente es un delito. Existe una acción de protección que evidenció la vulneración de mis derechos, eso está aún por resolverse en la Corte Provincial de Justicia", advirtió.

Tras conocer de la revocatoria dijo que seguirá poniendo los recursos que le permita la ley.

Manifestó que existe una sentencia constitucional que dejó sin efecto el informe de la Comisión de Mesa y sin motivación la resolución de remoción lo que ocasiona su nulidad, Estamos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia". Ofreció que el viernes se pronunciará la Corte Provincial y acatará su resolución.