La via de la consulta como eje de reformas
Hasta el momento hay seis solicitudes. Mae Montaño se sumó a estos pedidos con el apoyo de más de 2.000 firmas.
Eliminar cualesquier rastro de la estructura institucional correísta es el objetivo. Las últimas denuncias de corrupción que han surgido en el país, han puesto en la mira a los organismos de control, así como al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que es la entidad encargada de las designaciones.
Sectores sociales, indígenas, laborales, políticos y ciudadanía apuestan por la consulta popular para reformar esta estructura que consta en la Constitución de 2008.
Hasta el momento se han presentado seis pedidos de consulta: de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Frente Unitario de los Trabajadores (FUT); de la asambleísta Wilma Andrade (ID); de la legisladora de CREO Mae Montaño junto con la agrupación Vigilancia Ciudadana; el movimiento Hormiga y las Organizaciones de la Sociedad Civil; y, el movimiento Unidad Popular.
En este último caso, la semana pasada el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), negó la solicitud de la organización política. El organismo argumentó que las preguntas buscan una reforma constitucional las cuales deben tener el dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional (CC), por lo que el pedido fue rechazado.
“El presidente Moreno dijo que quiere hacer una cirugía a la corrupción, pero no sabía cómo, ahora nosotros le decimos cómo hacerlo”, sostuvo la asambleísta Mae Montaño, quien presentó junto con más de 2.000 firmas de respaldo, el pedido para que el jefe de Estado convoque a la consulta.
Las solicitudes son repetitivas. Eliminar el Cpcccs, no a la reelección indefinida; y, cesar en funciones a todas las autoridades nombradas por el Consejo de Participación.
Sin embargo, hay sectores como el FUT e incluso la legisladora Wilma Andrade que consideran que se debe hablar de qué hacer con el vicepresidente de la República, Jorge Glas, involucrado en el tema de corrupción de Odebrecht.
En el documento enviado, Andrade también incluye el pedido de renuncia inmediata de todos los funcionarios de Gobierno que estén vinculados directa o indirectamente en los procesos internacional o nacional en contra de Odebrecht.
La exasambleísta constituyente, María Paula Romo, dijo a EXPRESO, que la modificación de la estructura del Estado se lo puede hacer de forma más ágil con la consulta, ya que llevar adelante una asamblea constituyente es largo y costoso para el país.
Para ella hay una coincidencia en los pedidos; sin embargo, a sus ojos, es necesario iniciar un debate de cuál debería ser el mecanismo de elección de las autoridades que ahora se quiere elegir.
Dijo que la población no quiere que sea la Función Legislativa, pero tampoco el Consejo de Participación. “Es hora de preguntarnos cómo se debe hacer esa designación”, sentenció.
