A confesión de parte, relevo de prueba. Un axioma jurídico que en la práctica no se aplica en todos los casos ni para todos los que se confiesan culpables o responsables de un hecho que podría conllevar a un delito.

En investigaciones en las que se han visto involucradas autoridades, la Fiscalía ha pisado el acelerador para detener, procesar y, hasta llevar a juicio a presidentes, vicepresidentes, ministros, alcaldes, prefectos, contralores, entre otros funcionarios de alto nivel. Los últimos casos se registraron tras los violentos hechos ocurridos en octubre de 2019; y, la pandemia que llegó en 2020 que, en paralelo, desató una ola de corrupción en entidades públicas, lo que generó incluso la creación de una unidad especial para llevar exclusivamente esas investigaciones.

Sin embargo, hay otros casos que pierden celeridad o se toman su tiempo para determinar responsables, como en la obstrucción a la pista de aterrizaje del aeropuerto José Joaquín de Olmedo (JJO) de Guayaquil, registrada el 18 de marzo de 2020. Un hecho que continúa en investigación previa y con un adicional: la alcaldesa Cynthia Viteri fue desvinculada de la indagación.

La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, consideró que la autoridad municipal no tenía participación alguna en el delito de obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, tipificado en el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado de 10 a 13 años de cárcel.

La desvinculación de Viteri se dio a pesar de que ella se responsabilizó del envío de vehículos municipales al JJO, para impedir el aterrizaje de un avión que llevaría a ciudadanos extranjeros a sus países de origen. Esto, por el inicio del toque de queda que decretó el anterior Gobierno, dentro de una declaratoria de emergencia por el coronavirus.

Julio César Cueva, experto en Derecho Penal, lamenta que la Fiscalía se deje llevar mucho de las redes sociales, la opinión pública y de la política de turno. “Esa es la realidad, desgraciadamente. Esa celeridad tiene que ver con eso. En casos donde usted está en el poder nadie lo toca, en los otros casos ya la opinión pública presiona o usted cae en desgracia política, la celeridad es hasta sorprendente y no solo en la Fiscalía, pasa en la Corte, donde en cuestión de una hora se tramita una medida cautelar”.

Según explica, los hechos públicos y notorios no requieren de ninguna prueba. “Esa persona tenía la autoridad suficiente para ordenar algo y alguien lo ejecutó y reconoció que lo había ordenado (...) las declaraciones de la alcaldesa en su momento lo que demostraron es lo que todo mundo sabe: yo hago lo que a mí me da la gana, yo soy impune, a mí nadie me toca. La decisión de la Fiscalía prueba eso”, dice Cueva.

Fernando Grau, exjuez de la Corte Provincial del Guayas, concuerda con su colega. “El que tiene padrino se bautiza”, y “peor si es afiliado a un partido o es duro de un partido político”, resalta el exjudicial al mostrar su desacuerdo con lo resuelto por la Fiscalía en el caso del JJO.

“Yo no hubiera dicho eso -señala Grau- más bien hubiera agotado toda la investigación (...) la fiscal estaba en la obligación de indagar, ver cuáles fueron los motivos, las causas; más aún, cuando la alcaldesa lo hizo públicamente,    se responsabilizó de un hecho que podría ser considerado como delito, ahí se equivocó la fiscal provincial”.

El exjuez explica que, si el acto en el cual la alcaldesa asumió la responsabilidad es un hecho ilícito, la Fiscalía tenía que haber iniciado la formulación de cargos ante el presidente de la Corte, como ocurrió con el caso del exprefecto Carlos Luis Morales (ver subnota).    “No sé por qué se apresuró la fiscal provincial (...) me parece raro que un tema tan delicado y especial se haya dado (esto)”.

El catedrático y ex intendente del Guayas, Pedro Cruz, tiene otra lectura. Reconoce que “nuestra    legislación consagra una institución que se llama la legítima defensa, que obra cuando uno es agredido en forma actual, inminente, grave y se puede defender con las mismas armas o proporcional al agresor (...)”.

Sostiene que hay la más legítima y humana defensa de terceros, en la que considera entra el caso de Viteri, quien “por defender la vida y la salud (...) salió en defensa de nosotros al impedir que el avión que traía ese virus mortal aterrice”. Para él, la alcaldesa no puede ser procesada ni condenada porque “no ha cometido ninguna infracción penal”. Hay quienes consideran que, además, Viteri está amparada por el artículo 77, numeral 7, literal C de la Constitución, que señala el derecho a la defensa y a la no autoincriminación.

Pero tanto Cueva como Grau dejan claro que la confesión de un hecho o delito es diferente a la autoincriminación. En el caso de Viteri, resalta el exjuez, al ser una autoridad pública que “asume la responsabilidad (...) no se la puede eximir”.

• Arce, detenida un mes por desmanes

 El 13 de octubre de 2019, la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, aliada del expresidente Rafael Correa, fue detenida por el presunto delito de asociación ilícita, en relación a los desmanes relacionados con las paralizaciones en el país. “En acto urgente, Fiscalía Ecuador y Policía Ecuador allanaron la vivienda de Alexandra A. P., exalcaldesa de Durán, y la detuvieron con fines investigativos. Computadoras y celulares fueron incautados, en busca de presuntos mensajes en relación al paro nacional”, difundió la Fiscalía en ese entonces. Arce fue procesada y detenida. El 20 de julio de 2020 fue sobreseída tras un dictamen fiscal abstentivo.    

• A siete días de una incursión

El 3 de junio de 2020, la Fiscalía General del Estado desplegó un operativo en Quito y Guayaquil, que llevó a la detención del entonces prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.

Un vídeo que fue colgado en redes sociales puso    en alerta a la Fiscalía, de un presunto tráfico de influencias para la adquisición de insumos para combatir la COVID-19 y que apuntaba a Morales, quien 19 días después de enfrentar un proceso penal falleció. Los demás investigados en el caso fueron desvinculados y sobreseídos por la Corte Provincia, lo que fue impugnado por la Fiscalía.