Más de $ 4 millones necesita el Consejo de la Judicatura (CJ) para atender solo los requerimientos urgentes del sistema penitenciario del país. Los valores surgieron tras un plan de “Fortalecimiento del Servicio Judicial” para atender los procesos en materia de garantías penitenciarias en lo que queda de 2021 y el año 2022.

Diario EXPRESO tuvo acceso a la resolución 168-2021 y a su anexo que fueron aprobados por el pleno del CJ el pasado 7 de octubre y en esos documentos se detalla que los requerimientos van desde puntos de internet, hasta muebles de oficina, esto adicional a la necesidad de contratar 56 servidores judiciales para cumplir con las tareas del despacho de causas.

Para noviembre y diciembre del año en curso, se necesitan $ 419.293,10 para atender las demandas de personal, infraestructura física y equipamiento. Y para 2022 $ 4´273.856,55 en los mismos ítems antes señalados. Es decir, un total de $ 4´273.856,55 que serán abastecidos mayoritariamente por el Ministerio de Finanzas (3´016.092,31) y por parte del CJ el restante que corresponde a $ 1´677.057,34.

El plan del CJ y su pedido de financiación se desencadenan del requerimiento presidencial en el Decreto Ejecutivo 210, que declaró el estado de excepción en las cárceles del país y ordenó un “informe sobre la implementación de juzgados de garantías penitenciarias en el territorio nacional y de los tiempos promedios de las causas a su cargo”.

Así también se le ordenó al Ministerio de Finanzas que “provea de los recursos suficientes para atender el estado de excepción. Asimismo, realizar los estudios y gestiones necesarias para la distribución de recursos necesarios para la implementación de los planes de acción del sistema de rehabilitación social”.

Este periódico preguntó al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Finanzas si ya se habían asignado estos recursos y en qué se estaban utilizando; pero hasta el cierre de esta edición no se emitió la respuesta correspondiente por parte de las dos entidades. No obstante, el artículo 2 de la resolución 168-2021 pide la “inmediata ejecución” del plan señalado porque se declara en “necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de garantías penitenciarias”.

• Hasta mientras

- Funciones

La resolución ordenó la “ampliación temporal” de la competencia de los jueces de Garantías Penales, de Tránsito y Especializadas en Violencia Contra la Mujer para que conozcan y resuelvan las causas que se encuentren en trámite en materia de garantías penitenciarias mientras dura la declaratoria.

- Reasignación

Entre tanto se gestiona la asignación de recursos para la designación de los 16 jueces de garantías penitenciarias para 2021 y 2022;  la Dirección Nacional de Gestión Procesal "reasignará" las causas en estado de trámite a las unidades Penales, de Tránsito y especializadas de Violencia contra la Mujer.