Un grupo de mujeres coincide en la alta dirigencia de los gremios nacionales de estudiantes universitarios y, aprovechando esa coyuntura, se ha fijado armar una propuesta de acciones para prevenir y enfrentar los casos de abuso sexual, acoso y violencia de género en todas las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas del país.

Dos de los tres principales colectivos universitarios están ahora presididos por damas: Nicole Estupiñán en la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador (FEUPE), que agrupa a los alumnos de universidades privadas; y Andrea Adriance en la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador (FEPE).

En la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), que agrupa a los alumnos de las universidades públicas, se suman Marcela Vélez, vicepresidenta nacional; y Marina Sotomayor, presidenta de la filial de Machala, entre otras representantes.

La iniciativa de ellas surge en respuesta a la recurrencia de casos que se registran en los centros universitarios y que la mayoría de veces no se denuncian o, menos aún, sancionan.

En 2018, un amplio reportaje especial de EXPRESO sobre acoso y abuso sexual en las universidades, recogió el testimonio anónimo de tres alumnos (dos mujeres y un hombre) que sufrieron esa situación. Incluía también estadísticas y cómo denunciar esos casos.

Solo en Guayas, en 2017 la Fiscalía General del Estado registró 560 denuncias de acoso, aunque no precisó el contexto ni el lugar en que ocurrió. 

Si bien la mayoría de universidades tiene protocolos para estos casos, sea por iniciativa propia o por la exigencia de los organismos rectores de educación superior, las dirigentes estudiantiles creen que hay aspectos por agregar o mejorar.

Entre ellos, la protección del denunciante, sobre todo para evitar su revictimización o posibles represalias; darle asesoría legal y apoyarlo a lo largo del proceso; y, además, que la Asamblea Nacional eleve esos protocolos a mandato legal.

Todo ello en el corto plazo, de ser posible, en el primer trimestre de 2021, para aprovechar su temporal coincidencia al frente de sus gremios.

ALGUNAS ACCIONES O NORMAS QUE PLANTEAN

1. Protección de la denunciante. La exposición pública de su nombre y de su caso disuaden a las víctimas de presentar una queja. Por eso plantean la protección del o de la denunciante.
2. Asesoría legal y acompañamiento. Las dirigentes dicen que las víctimas no siempre saben cómo presentar una queja formal. Y otras veces se quedan solas en su lucha, sin ni siquiera el apoyo de sus propios compañeros. 
3. Protocolos y disposición legal. Aunque estos temas pueden ser tratados y aprobados por los órganos colegiados superiores de cada institución, buscan que también constituyan una disposición legal.

LAS REPRESENTANTES UNIVERSITARIAS

NICOLE ESTUPIÑÁN: "Es violencia de género, no solo contra la mujer"

La violencia de género no es solo contra la mujer. Hay estudiantes trans, lesbianas, homosexuales... Por eso hablamos de protocolos de violencia de genero y no solo contra la mujer. Sí hay acoso en las universidades privadas, lo que pasa es que estas cuidan más su reputación y usualmente estos casos no llegan a una instancia judicial.

ANDREA ADRIANCE: "El tema legal y burocrático es un problema"

El tema legal y burocrático sí es un problema. No todos estudiamos leyes. Entonces me gustaría enfatizar en que las denuncias que se ingresan deberían ser consideradas como tales en el momento en que un estudiante o una estudiante presenta un documento, una alerta, independientemente de cómo este vaya redactado.

MARCELA VÉLEZ: "Una norma para todas las universidades"

Los protocolos deben ser generales para todas las universidades. Acogiendo los diversos casos presentados, el órgano colegiado superior de cada universidad debería aprobarlo como reglamento. E impulsar una ley mediante la Comisión de Educación que pueda ser viable para todas las universidades y politécnicas, públicas y privadas.

MARINA SOTOMAYOR "A veces hay el proceso, pero no la sanción"

Sería importante generar una propuesta ante la Asamblea Nacional y la Senescyt, porque a veces se cumple todo el proceso, pero al final las autoridades alegan que el docente no puede ser destituido, porque es de planta o muy antiguo, le aplican una pequeña sanción y sigue ahí; y queda la sensación de que no se hizo justicia.