Las universidades públicas y privadas no solo ofrecen carreras profesionales y posgrados, sino también cursos de actualización y capacitación en diversas áreas a través de sus unidades de Educación Continua. Estas denuncian una ‘competencia desleal’ de empresas privadas que también ofrecen este tipo de cursos, pero -según afirman- con ventajas indebidas otorgadas por las propias entidades de control.

Por ejemplo, señalan que a diferencia de los cursos que ellos ofrecen, los que dictan estas capacitadoras son registrados en la página de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Es decir, que así como un profesional puede verificar o demostrar la existencia de su título buscándolo en la página de la Senescyt, también lo puede hacer cualquier persona que haya terminado un curso de capacitación o certificación en competencias laborales en las citadas empresas capacitadoras. Lo cual no ocurre con los que ofrecen las universidades.

Estas empresas (e incluso, grupos o personas naturales) deben certificarse o tramitar su registro en el Ministerio de Trabajo, entidad que, además, les debe aprobar los programas. Las universidades se quejan, además, de que estas obtienen esa aprobación en uno o dos meses; mientras a ellas les puede tomar hasta dos años.

La queja la expusieron responsables de las unidades o centros de Educación Continua de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Escuela Politécnica Nacional (EPN), Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), entre otras.

A pesar de pedidos reiterados de este Diario, el Ministerio de Trabajo no concretó en más de tres semanas su ofrecimiento de gestionar una entrevista con algún directivo sobre el tema. La intención era conocer cómo otorga la certificación a las capacitadoras, cuánto tiempo tarda el trámite y cómo garantizan que los cursos que estas dan cumplan con mínimos de calidad y de asistencia, entre otros puntos.

Quien sí respondió fue la Senescyt y directamente por su titular, Alejandro Ribadeneira, quien dijo compartir el reclamo de las universidades sobre el registro de los cursos de entidades de capacitación que no pertenecen al sistema de educación superior, aunque  descartó tener alguna responsabilidad en ello.

“Estamos recopilando la información primero aquí en la Senescyt para saber desde cuándo está esto vigente. De tal forma que apenas podamos tener esa información, tendremos que reunirnos con el Ministerio de Trabajo a efectos de dar de baja a esa resolución o a ese convenio. Lo debemos solucionar en el menor plazo posible”, manifestó Ribadeneira.

A su criterio, esos registros deberían estar en el portal de Trabajo, que otorga las certificaciones, y no en la Senescyt, que solo registra títulos de tercer y cuarto nivel.

OTRO EFECTO: PROMOCIÓN DE 'CURSOS DE LA SENESCYT' EN LAS REDES

Otro efecto que alegan las universidades y verificó este Diario es la proliferación en Internet de la oferta de ‘cursos y capacitaciones de la Senescyt’, de parte de entidades que muestran como prueba el registro en la página de esta entidad.

“Tenemos que desmentir eso, nosotros no avalamos ninguno de esos programas. La Senescyt no puede avalar programas que no sean de tercer o cuarto nivel, tal como reza la Ley de Educación Superior”, indicó Ribadeneira.

A NUESTROS LECTORES: En una versión anterior de esta nota se incluía a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) entre las entidades que expusieron su inconformidad por la situación, en una reunión virtual organizada para el efecto por varias universidades, en la que también participó una representante de esa entidad. No obstante, en días posteriores, la UTPL envió una carta a este Diario, solicitando que se aclare que ellos no suscriben la nota.