Universidades dependientes
En un Estado que potencie un desarrollo sustentable, las universidades y politécnicas cumplen un elevado rol social. Forman el más importante insumo, que es el capital humano: profesionales, técnicos, dirigentes; efectúan investigación científica-tecnológica útil para el suministro de bienes y servicios; les corresponde promover y difundir la cultura y el diálogo de saberes, formular diagnósticos y propuestas para la solución de heterogéneos problemas sociales. Para cumplir sus fines y funciones requieren libertad de pensamiento, ideas que circulen sin barreras ideológicas que les impidan ser pluralistas, en un ámbito de racionalidad, crítica fundamentada y creatividad. Por eso debe garantizárseles autonomía, recursos económicos y planes académicos. Como comunidad de docentes y estudiantes, las dirige un cogobierno; son instituciones atemporales, sin fines de lucro, que desbordan circunstancias políticas. En Ecuador, con la inestabilidad que ha caracterizado a su régimen republicano de gobierno, es lógico que la universidad haya tenido altibajos, con etapas de profundas realizaciones, entregando al país gobernantes, profesionales de primer nivel, líderes sociales, rectores que la han prestigiado; no ha estado exenta de momentos nublados: ha sido escenario de disputas politiqueras, con piedra, garrote y violencia pandillera, penetrada por grupos delincuenciales. La lucha de quienes la han querido y creído en ella posibilitó se expida una ley genuinamente universitaria en 1982, que protegía sus atribuciones; la ley que creó el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) en 1996, le dio autonomía financiera; y la creación con independencia del Consejo de Evaluación y Acreditación en 1998. El impulso dado a la universidad nacional, desconcentrando su actividad, fortaleció su incuantificable aporte al país. Con la ley de Educación Superior de 2010, el actual Gobierno buscó controlar la educación superior a través de los consejos de Educación Superior y de Evaluación y Acreditación, con los cuales regula y califica los entes del sistema. Con la creación de una Secretaría Nacional (Senescyt), no prevista constitucionalmente, como ente rector de las políticas públicas de educación superior, las universidades y politécnicas se han convertido en dependientes del Gobierno, limitando su capacidad de gestión.
colaboradores@granasa.com.ec
Medardo Mora Solórzano
En un Estado que potencie un desarrollo sustentable, las universidades y politécnicas cumplen un elevado rol social. Forman el más importante insumo, que es el capital humano: profesionales, técnicos, dirigentes; efectúan investigación científica-tecnológica útil para el suministro de bienes y servicios; les corresponde promover y difundir la cultura y el diálogo de saberes, formular diagnósticos y propuestas para la solución de heterogéneos problemas sociales. Para cumplir sus fines y funciones requieren libertad de pensamiento, ideas que circulen sin barreras ideológicas que les impidan ser pluralistas, en un ámbito de racionalidad, crítica fundamentada y creatividad. Por eso debe garantizárseles autonomía, recursos económicos y planes académicos. Como comunidad de docentes y estudiantes, las dirige un cogobierno; son instituciones atemporales, sin fines de lucro, que desbordan circunstancias políticas. En Ecuador, con la inestabilidad que ha caracterizado a su régimen republicano de gobierno, es lógico que la universidad haya tenido altibajos, con etapas de profundas realizaciones, entregando al país gobernantes, profesionales de primer nivel, líderes sociales, rectores que la han prestigiado; no ha estado exenta de momentos nublados: ha sido escenario de disputas politiqueras, con piedra, garrote y violencia pandillera, penetrada por grupos delincuenciales. La lucha de quienes la han querido y creído en ella posibilitó se expida una ley genuinamente universitaria en 1982, que protegía sus atribuciones; la ley que creó el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) en 1996, le dio autonomía financiera; y la creación con independencia del Consejo de Evaluación y Acreditación en 1998. El impulso dado a la universidad nacional, desconcentrando su actividad, fortaleció su incuantificable aporte al país. Con la ley de Educación Superior de 2010, el actual Gobierno buscó controlar la educación superior a través de los consejos de Educación Superior y de Evaluación y Acreditación, con los cuales regula y califica los entes del sistema. Con la creación de una Secretaría Nacional (Senescyt), no prevista constitucionalmente, como ente rector de las políticas públicas de educación superior, las universidades y politécnicas se han convertido en dependientes del Gobierno, limitando su capacidad de gestión.
colaboradores@granasa.com.ec
