Por lo pronto el decreto, que cerró las fronteras a todos los refugiados por 120 días (para los provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, queda suspendido.

Trump eleva retorica hacia medios y justicia por decreto

Donald Trump se avocó ayer a presionar sobre la gravedad de la amenaza terrorista, acusando a los medios y la justicia de subestimarla, horas antes de una audiencia en una corte de apelaciones sobre el futuro de su polémico decreto antiinmigratorio.

Donald Trump se avocó ayer a presionar sobre la gravedad de la amenaza terrorista, acusando a los medios y la justicia de subestimarla, horas antes de una audiencia en una corte de apelaciones sobre el futuro de su polémico decreto antiinmigratorio.

En la Casa Blanca, junto a un grupo de comisarios de policía, Trump apuntó que su orden de prohibir la entrada al país de inmigrantes y refugiados de siete países de mayoría musulmana era de “sentido común” y “muy importante para el país” a fin de protegerlo, según él, de ataques terroristas.

La presidencia minimizó el alcance de la próxima decisión del Tribunal de Apelaciones Federal de San Francisco, que ayer escucharon los argumentos del Gobierno, pero su fallo lo dará a conocer en el transcurso de la semana.

“La cuestión esta tarde (ayer) está relacionada con la suspensión temporal (del decreto), no tiene nada que ver con el fondo del asunto”, dijo Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, durante su encuentro cotidiano con la prensa. “Por ello estamos confiados” en la decisión del organismo judicial, señaló.

Pero el presidente republicano, que multiplicó este fin de semana los tuits incendiarios contra el juez de Seattle que suspendió la aplicación del decreto y el sistema judicial en general, ¿está listo para aceptar una nueva derrota en los tribunales?

“Por supuesto, el presidente respeta a la rama judicial pero tiene el poder de hacer lo necesario para garantizar la seguridad del país”, respondió su portavoz.

Por lo pronto el decreto, que cerró las fronteras a todos los refugiados por 120 días (para los provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, queda suspendido.

Ante la colosal oposición judicial a una de sus más emblemáticas promesas de campaña (desafiada en una demanda respaldada por unos 130 gigantes tecnológicos, grupos de derechos humanos y las fiscalías de 16 estados) el presidente arremetió contra los medios.

El lunes Trump acusó a los medios “deshonestos” de subestimar la amenaza del terrorismo, señalando que ex profeso ocultaron ataques de grupos yihadistas.

La Casa Blanca luego distribuyó una lista de 78 ataques que, indicó, fueron “ejecutados o inspirados por” el grupo yihadista Estado Islámico, señalando que la mayoría no recibió la debida cobertura en los medios, sin especificar cuáles.

Si la corte en San Francisco mantiene la suspensión, la batalla legal se trasladará a la Corte Suprema, que necesitará una mayoría de cinco contra tres para rechazar el fallo del tribunal de apelaciones.

Pero ese escenario es una incógnita: las ocho bancas del máximo tribunal están igualmente divididas en cuatro magistrados conservadores y cuatro progresistas.

El nuevo secretario de Seguridad Interior, John Kelly, defendió la medida ayer en el Congreso, aunque reconoció errores en la implementación.

El decreto, mientras tanto, sigue alimentando críticas en el mundo hacia el flamante presidente estadounidense.

Betsy DeVos, secretaria de Educación

El Senado de Estados Unidos confirmó ayer el polémico nombramiento de Betsy DeVos para dirigir el Departamento de Educación, una multimillonaria que apuesta por un sistema alternativo al público, tras una histórica votación que requirió la intervención del vicepresidente. La Cámara Alta del Congreso quedó trabada con 50 votos a favor y 50 en contra. El desempate fue posible gracias a Mike Pence. Los senadores demócratas denunciaron la “incompetencia” de la elegida del mandatario, tildándola de “enemiga de la educación pública”, en un intento por hacer fracasar su nombramiento.