
Trump celebra “revolucion” contra leyes protectoras de indocumentados en California
La junta de supervisores que gobierna el condado de San Diego, fronterizo con México, aprobó por 3-1 apoyar una demanda del gobierno federal contra tres leyes de California que, entre otras cosas, restringen a negocios y policías locales cooperar con l
San Diego se unió a lo que el presidente Donald Trump llamó el miércoles una “revolución” contra las leyes “santuario” de California que protegen a los inmigrantes indocumentados.
“Hay una revolución en desarrollo en California. Muchas áreas santuario quieren SALIR de este concepto ridículo, que infesta y reproduce el crimen”, escribió el mandatario en la red Twitter.
La junta de supervisores que gobierna el condado de San Diego, fronterizo con México, aprobó por 3-1 apoyar una demanda del gobierno federal contra tres leyes de California que, entre otras cosas, restringen a negocios y policías locales cooperar con las autoridades migratorias.
“La población del estado no está feliz. ¡Quieren seguridad AHORA!”, insistió Trump, que llegó al poder con un discurso anti-inmigrantes y la promesa de construir un muro en la frontera con México.
El mandatario también dio más poder a la policía migratoria ICE, que aumentó en 42% el número de arrestos de indocumentados durante el primer año de este gobierno.
Hace un mes, ICE realizó igualmente redadas en varias ciudades de California, como Los Ángeles y San Francisco, consideradas santuarios.
- “Totalmente innecesario” -
Orange -otro condado muy conservador dentro de este estado bastión de los demócratas- aprobó hace tres semanas apoyar la demanda del Departamento de Justicia.
San Diego es después de Los Ángeles el condado más populoso de California.
Su junta de supervisores -controlada por republicanos- votó el martes a puerta cerrada para presentar un ‘amicus curiae’, un recurso de apoyo por un tercero ajeno a un litigio.
Antes se abrió el micrófono a ciudadanos que hablaron a favor y en contra de la medida. Los supervisores aseguraron que la medida es por seguridad.
“Estamos hablando de gente cruzando la frontera ilegalmente, viniendo a este país, cometen crímenes y son puestos en libertad para cometer más crímenes”, dijo la supervisora Dianne Jacobs. “Teníamos gente que cruzaba en busca de trabajo. Eso ha cambiado a lo largo de los años”.
“Es un tema que divide nuestro condado, el estado y la nación”, dijo por su parte el supervisor Greg Cox, el único que votó en contra. “Es totalmente innecesario que el condado se una a una demanda entre el gobierno federal y estatal porque es un tema que será abordado por una corte federal”.
San Diego tiene el cruce fronterizo terrestre más grande del planeta en San Ysidro, fronterizo con Tijuana, con miles de personas moviéndose entre ambos países todos los días.
Los detractores de la medida argumentan que este tipo de acciones generará que muchos indocumentados dejen de reportar crímenes o acudir a corte como testigos, así como de ir a hospitales y escuelas por temor a ser capturados y deportados.
- “Es claramente ilegal” -
La “revolución” a la que se refiere Trump comenzó en la minúscula ciudad de Los Alamitos (condado de Orange), que el lunes ratificó una decisión que exime a la ciudad de las leyes que protegen a los indocumentados.
“El concejo municipal no puede hacer de juez y jurado y decidir que leyes del estado no acata”, indicó Sameer Ahmed, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, del inglés), que introdujo una demanda contra esta pequeña ciudad de 11.000 habitantes. “Es claramente ilegal”, indicó.
Otras 10 pequeñas ciudades se unieron desde entonces a la demanda del gobierno federal.
El gobierno de California, el estado más rico y poblado del país, a menudo choca con las políticas impulsadas desde la Casa Blanca, sobre todo en lo que compete a inmigración y medio ambiente.
El lunes, el director adjunto de los servicios de aduana y protección de fronteras Ronald Vitiello dijo que el gobernador Jerry Brown no enviaría refuerzos militares de la Guardia Nacional a la frontera con México, como requirió el presidente por estos días.
Brown había advertido la semana pasada que sólo aceptaría el despliegue de 400 militares si eran destinados a combatir la criminalidad transnacional y no para ejecutar la ley migratoria.
La Guardia Nacional, un cuerpo de reserva del ejército que ya intervino en la frontera en 2006, 2008 y 2010, ha desplegado unos 960 militares en otros estados fronterizos: 250 en Arizona, 60 en Nuevo México y 650 en Texas.