La pugna por la Superintendencia de Bancos se enreda cada vez más.

Desde el gobierno y la Asamblea no hay puntos en común. Por un lado están los que apoyan la posesión de Raúl González, como el Partido Social Cristiano y UNES, y por otro, los que no lo reconocen e impiden que ejerza el cargo público. En este bando están el presidente Guillermo Lasso, su bancada legislativa y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa.

Para tensar más el asunto, Almeida presentó una denuncia por el delito de paralización de servicio público en contra de la jueza Larissa Ibarra, quien concedió una acción de protección que echó abajo la designación de González.

Su criterio es que la jueza ha “interferido en el normal funcionamiento del órgano legislativo y obstaculizado la posesión del Superintendente”.

Pachakutik, que se había mantenido al margen, también avivó la polémica. La asambleísta Jéssica Castillo dijo que UNES presionó a legisladores de su bancada para que votaran a favor de la posesión González. Según ella, los correístas ofrecieron dar sus votos para aprobar la Ley de la Universidad Amazónica.

“El correísmo sigue negociando votos. Los compañeros amazónicos conocemos la necesidad de crear una universidad, pero no podemos jugar con estos votos”, aseguró.

Lejos de negar si tal ofrecimiento hubo, la legisladora por UNES, Sofía Espín respondió: “Vergüenza ajena ver asambleístas del movimiento indígena protegiendo los intereses del banquero que nos gobierna, solapándole que se vulnere la ley para poner un Súper de Bancos servil a sus intereses”.

El gobierno y Raúl González no estuvieron exentos de dimes y diretes. La Policía Nacional cercó desde la mañana del 15 de agosto de 2022 los ingresos a los edificios de la Superintendencia de Bancos, en Quito y Guayaquil.

González dijo que a primera hora de la mañana le retiraron el acceso al correo electrónico institucional y al sistema Quipux. Mientras que el Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ya había advertido que ninguna de las dependencias públicas como el Ministerio de Finanzas, Juntas Monetaria y Financiera, Banco Central y Ministerio de Trabajo reconocerán el cargo de González, pues su nombramiento fue declarado nulo por la jueza.

González contó a EXPRESÓ que tras su posesión del jueves, ese mismo día y el siguiente trabajó. Emitió las primeras acciones administrativas. Nombró a dos nuevos liquidadores para la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Guayaquil y para el Banco Territorial. Puso a dos personas de su confianza justo en las dos entidades financieras en donde antes él fue liquidador.

Según él, en esos nombramientos no hay nada oscuro. Aseguró que sacó a los antiguos liquidadores por “situaciones” que le causaron preocupación. Por ejemplo, dijo que la funcionaria de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Guayaquil redujo los salarios del personal “para contratar a más gente, con más sueldo y teniendo las mismas funciones’’. Contó que dejó sin efecto un sin número de contactos que eran útiles para el banco y sin sustento jurídico. “Los procesos de embargo presuntamente eran irregularidades”. Y contó que la exliquidadora “quiso externalizar procesos que esta administración (la de él) hizo con el departamento jurídico”.

Desde el gobierno, el siguiente paso será enviar la nueva terna para la Superintendencia de Bancos y acelerar el trámite dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Esta vez se espera que el Ejecutivo no se equivoque y ahora sí postule a personas de su confianza.

La única salida será la Corte  del Guayas

El constitucionalista Ismael Quintana señala que la única salida a este embrollo es la Corte de Justicia del Guayas. Allí se resolverá, en los próximos días, la apelación a la decisión de la jueza Larissa Ibarra. El fallo solo tendrá dos salidas. O bien se aprueba la sentencia de primera instancia o, por el contrario, se avala la designación de Raúl González. El jurista señala que lo mejor sería que pase lo segundo, pues su criterio es que la jueza Ibarra no era competente para conocer la acción de protección. La designación de González así como la sede de la ‘Súper’ de Bancos están en Quito. ¿Qué hace una jueza de Samborondón conociendo esto?, se preguntó.