Los ecuatorianos con nuestros impuestos subsidiamos y financiamos a los partidos y movimientos políticos para que puedan participar en los procesos electorales. Y luego, a través de sus dirigentes, compran conciencias, negocian acuerdos, buscan acomodos personales, engañan, mienten y frustran aspiraciones de un país deseoso de un futuro promisorio. Es una situación absurda, ilegal y anticonstitucional. ¿Por qué tenemos que sufragar gastos de agrupaciones partidistas; si no están en posibilidades económicas, para qué ingresan a la lid electoral? Dentro de las reformas al Código de la Democracia debería eliminarse esta ilógica imposición y reducir la exagerada cantidad de agrupaciones políticas.

Lic. Arturo Lara Noriega