La intención es buena: incentivar a que más personas se vacunen. Sin embargo, las declaraciones de la alcaldesa Cynthia Viteri, durante la reunión de la mañana del 14 de julio de 2021 del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), violarían tres derechos humanos: injerencia arbitraria a la vida privada de las personas, la libertad de Movilidad y discriminación al impedir ingreso a lugares o sitios públicos. Así lo explicó a este medio de comunicación el abogado Steven Reyes.

Durante la reunión, con el objetivo de instar a la ciudadanía a que se vacune y evitar el ausentismo, la principal autoridad de Guayaquil dijo que “después de algunos meses, esta misma mesa del COE cantonal va a tomar decisiones en el sentido de que, por ejemplo, se requerirá del carné de vacunación, en segunda dosis, para entrar a centros comerciales, para entrar a restaurantes y, en la última de las disposiciones, para subirse a la Metrovía”.

Añadió que el documento va a ser el “pase de entrada” si alguien quieren salir de su casa y que quienes no se hayan vacunado, tienen varios meses para irse a vacunar. Esto, ante el ausentismo en el proceso de vacunación pues hay quienes no quieren colocarse las dosis contra la COVID-19 a causa de varias ‘teorías’.

Sin embargo, para el abogado Reyes, “más que obligar, se debería de incentivar a las personas a que se vacunen con políticas públicas que premien al que tiene el carnet de vacunación con descuentos en pasajes, sitios públicos, entradas o cosas así”.

Explicó que para que la vacunación sea obligatoria debería de implementarse mediante ley, si es posible constitucional que determine que la vacunación social responde a una necesidad social apremiante es lo mismo incentivar que obligar puesto a que “el derecho a la salud, que lo tienen todas las personas, implica el derecho a vacunarse, pero lo que se quiere implementar es una obligación”.

El penalista reiteró que para que la vacunación sea obligatoria, debería de implementarse mediante Ley, si es posible, Constitucional que determine que la vacunación social responde a una necesidad social apremiante. “Y no mediante ordenanza o pronunciamientos focalizados o localizados como la alcaldesa lo quiere hacer”, comentó.

Sin embargo, para Mario Paredes, epidemiólogo y asesor en Salud Pública en la Dirección de Sanidad de la Armada del Ecuador, este tipo de declaraciones deberían también estar ligadas tanto a los reglamentos como al contexto sociocultural de la población. Está de acuerdo con la obligatoriedad, puesto a que la vacunación solo genera beneficios, pero no está seguro hasta qué punto pueda implementarse en el país.

Para el especialista, teniendo en cuenta al ausentismo, la obligatoriedad sería una medida extrema para incentivar a más gente a que se inmunice. “La salud es un derecho de la población y dentro de la salud se encuentran las medidas preventivas, como es el caso de la vacunación. En este caso es un derecho mas no una obligación. No existe ninguna ley que obligue a vacunar de manera masiva a una población. Eso forma parte de la libertad que está consagrado en la carta de Derechos Humanos y la Constitución de la República”, dijo.

No obstante, cree que “las poblaciones tienen los gobernantes que se merecen” y eso lo comenta en el contexto de que los gobernantes, en el caso de Viteri, “ a veces tienen que verse obligados a tomar ciertas medidas debido a las acciones ciudadanas.

“Hemos visto que lamentablemente en Ecuador, nos hemos particularizado como un pueblo desorganizado. No tiene la cultura de la educación, ni el compromiso para cumplir con determinadas obligaciones. Muy poco le gusta cumplir normas y reglamentos. Esto a nivel internacional se está cumpliendo. A mí no me parece nada raro que la alcaldesa lo haga de esa manera, porque es la única forma en que la gente se vea obligada a cumplir con este derecho de acceder a la medicina preventiva. Actualmente es preferible obligar a la población, a incentivarla, porque mucha gente se ha vuelto escéptica”, dijo.

Lamenta que, si se toman estas medidas, lo que ocurra es que se busque la manera de eludirlas. Por ejemplo, pone la falsificación del carnet de vacunación como una de estas formas de evasión. Ante esto, critica que no haya una unificación del documento. “Es un carnet muy simple, muy sencillo, que muchas veces se llena a mano y puede llevar a la población a falsificarlo con la finalidad sencilla de salir de casa. Hay que tener mucho cuidado con estas medidas coercitivas, porque podrían generar un mal mayor. Lo que hay que hacer es educar a la población y hacerles entender el riesgo que implica no vacunarse”, detalló.

En Francia y Grecia

El pasado lunes 12 de julio, el presidente francés Emmanuel Macron, anunció algo similar: la obligatoriedad, a partir de septiembre, de la vacuna contra la covid-19, pero para el personal sanitario. Este sería el habilitante para que ellos puedan ingresar a bares, cines y restaurantes ante la rápida propagación de la variante Delta del virus, informó diario El Correo. Sin embargo, ellos tendrán la alternativa de presentar, para ingresar a estos lugares, una prueba negativa de covid-19.

Kyriakos Mitsotakis, primer Ministro de Grecia, informó que allí se tomará la misma medida, y que todos los trabajadores de geriátricos deberán inmunizarse antes del 16 de agosto, mientras que todo el personal de Sanidad, sea pública o privada, tendrá que hacerlo desde el 1 de septiembre.

Tras los anuncios muchos franceses saturaron a Doctolib, una web de citas médicas, para agendar turnos para vacunarse.

Esto es lo que se buscaría que ocurra en Guayaquil, que más personas acudan a los centros de vacunación habilitados tanto por el Ministerio de Salud Pública (MSP) como la Municipalidad, sin embargo, de acuerdo a Reyes, deben buscarse otras alternativas más derivadas al incentivo que a la restricción.